El Consejo de Ministros ha aprobado dos reales decretos-ley en materia de vivienda después de una negociación de última hora entre PSOE y Sumar. El paquete, bautizado como “decreto Maricarmen” tras el desahucio de una jubilada de 87 años que desencadenó movilizaciones en distintas ciudades, concentra medidas destinadas a reforzar la protección de los inquilinos, contener determinadas prácticas especulativas y facilitar el acceso a la vivienda.
Los dos textos deberán ser ahora convalidados por el Congreso de los Diputados, que celebrará un pleno extraordinario este viernes. El Ejecutivo necesita reunir apoyos suficientes para superar la votación.
Estas son las principales medidas incluidas en el paquete:
Protección frente a los desahucios hasta 2030
El denominado escudo antidesahucios se amplía hasta finales de 2030. La medida pretende impedir determinados lanzamientos de personas en situación de vulnerabilidad que no dispongan de una alternativa habitacional.
Nuevas reglas para los alquileres de temporada
Los contratos de temporada tendrán que responder a una causa temporal debidamente justificada. El texto establece una duración máxima de 12 meses y extiende determinadas garantías de la Ley de Arrendamientos Urbanos a estos contratos.
Si la temporalidad no queda acreditada, el contrato podrá considerarse de vivienda habitual. También se contempla esta consideración cuando se encadenen contratos temporales con el mismo inquilino.
Regulación del alquiler por habitaciones
El alquiler de habitaciones quedará sometido a nuevas reglas. La suma de las rentas de las habitaciones no podrá superar el precio máximo establecido para la vivienda completa cuando resulte aplicable un límite de precios.
Los inquilinos tendrán además determinadas garantías similares a las existentes en los alquileres de vivienda habitual.
Contención de las subidas del alquiler
El paquete contempla limitar las actualizaciones de las rentas, de forma que no puedan producirse incrementos por encima del índice de referencia establecido para la vivienda.

Prórroga de contratos de alquiler
Los contratos en vigor que finalicen antes del 31 de diciembre de 2028 podrán beneficiarse de una prórroga extraordinaria de hasta dos años en los supuestos previstos por la norma.
Limitación de determinadas compras de los grandes inversores
El Gobierno pretende limitar hasta 2028 determinadas adquisiciones de viviendas realizadas por entidades identificadas como fondos de inversión especulativos, especialmente operaciones por debajo del precio de mercado o compras en paquetes destinadas al beneficio inmediato.
Mayor fiscalidad
El régimen fiscal de las sociedades cotizadas de inversión inmobiliaria, conocidas como socimis, se modifica. La tributación de determinados beneficios no distribuidos pasaría del 15 % al 25 %.
Más impuestos para determinadas viviendas vacías
Los ayuntamientos podrán elevar hasta el doble el IBI de determinadas viviendas que permanezcan vacías durante más de tres años, dentro de las condiciones que establezca la normativa.
Fiscalidad de los pisos turísticos
El paquete contempla aplicar un 21% de IVA a los pisos turísticos, una medida con la que el Ejecutivo pretende modificar el tratamiento fiscal de esta actividad.
Incentivos fiscales para propietarios que reduzcan el alquiler
Los propietarios que reduzcan la renta respecto al contrato anterior podrán acceder a determinadas ventajas fiscales. También se contemplan beneficios para hogares con bajos ingresos.

Ayudas para acceder a la primera vivienda
El Gobierno incorpora un mecanismo para personas que disponen de ingresos suficientes para afrontar una hipoteca, pero no han conseguido ahorrar el dinero necesario para pagar la entrada.
A través del programa “Tu Casa”, el Estado aportaría financiación pública complementaria con un tipo de interés del 0 % para facilitar la compra de la primera vivienda.
Refuerzo del parque público de vivienda
El Ejecutivo quiere ampliar el parque público mediante la entidad estatal Casa 47 y otras herramientas destinadas a incorporar inmuebles y mantenerlos protegidos frente a futuras operaciones de venta.
Además, determinadas viviendas protegidas con calificación permanente podrán beneficiarse del IVA superreducido para abaratar su construcción.
Renovación automática de los contratos
El segundo real decreto-ley se centra en la estabilidad de los alquileres de vivienda habitual. El arrendador deberá justificar determinados supuestos de no renovación y, según el acuerdo anunciado, se establece un sistema de renovación automática con salvaguardas.
El Gobierno todavía debe concretar algunos aspectos de esta medida, como la duración de las renovaciones y las circunstancias en las que el propietario podrá recuperar la vivienda.
Dos decretos para facilitar su tramitación parlamentaria
PSOE y Sumar han dividido el paquete en dos reales decretos-ley. El primero concentra la mayor parte de las medidas sobre vivienda, mientras que el segundo se dedica específicamente a la renovación de los contratos de alquiler.
Ambos deberán ser votados por separado en el Congreso. El Gobierno cuenta con 147 diputados entre PSOE y Sumar y necesita sumar apoyos de otros grupos parlamentarios para lograr la convalidación.
El pleno extraordinario está previsto para este viernes, apenas tres días después de la aprobación de las normas por el Consejo de Ministros.
En cualquier caso, la aprobación por el Gobierno no supone todavía la entrada en vigor definitiva de todo el paquete en los términos anunciados: el Congreso tendrá la última palabra sobre la convalidación de ambos decretos.

















