Ximo Puig no se acobarda ante Sánchez y considera ilegal el plan del Tajo-Segura
Ximo Puig y Pedro Sánchez en el Palau de la Generalitat Valenciana en una imagen de archivo.

El Consell ha solicitado a la presidenta del Consejo de Estado, Magdalena Valerio Cordero, que emita un informe desfavorable sobre el proyecto de real decreto que afecta al plan hidrológico en el que se incluye la regulación del trasvase Tajo-Segura.

La petición del Consell se basa en las alegaciones elaboradas por la Abogacía de la Generalitat. Estas ya han sido remitidas al órgano consultivo del Gobierno. En ellas se acreditan «defectos acaecidos en la tramitación del proyecto». Además, señalan que podrían ser «determinantes de la nulidad de pleno derecho» del proceso.

Tal como se describe en el informe, la controversia tiene su origen en el cambio de redacción que sufrió la disposición adicional novena del proyecto de real decreto. Además, también destacan la manera en que se llevó a cabo ese cambio.

El texto vinculaba el establecimiento de los caudales ecológicos a una valoración previa del estado ambiental que presentasen las masas de agua, y ese es el texto original que fue aprobado mayoritariamente en la reunión del Consejo Nacional del Agua del pasado 29 de noviembre.

Sin embargo, con posterioridad se procedió a efectuar una nueva redacción del texto. Y aquí está el problema pues dicho texto no es el que fue sometido a debate y votación. El nuevo texto impone unos incrementos fijos e inamovibles de los caudales ecológicos hasta el año 2027 sin tomar en consideración ningún análisis previo del estado de las aguas con el consiguiente y grave perjuicio para los regantes de la cuenca del Segura.

VULNERACIÓN DE SEGURIDAD JURÍDICA Y TRANSPARENCIA

Según apunta el comunicado, el texto fue modificado de manera unilateral por el Ministerio para la Transición Ecológica. Además, no se comunicó con anterioridad el contenido de ese cambio ni al Consell ni al propio Consejo Nacional del Agua. Por ello, la Abogacía de la Generalitat entiende que «no ha sido sometido a los principios de participación ciudadana y concertación». Por tanto, podría haberse producido «una nulidad de pleno derecho en la emisión del informe preceptivo».

La Abogacía de la Generalitat sostiene que se ha «tomado una decisión arbitraria basada en la libre voluntad de la Administración redactora de la norma» y que durante el proceso «se han vulnerado los principios de seguridad jurídica, confianza legítima, lealtad institucional, buen gobierno y transparencia», principios amparados por la Constitución y por el régimen jurídico de las administraciones públicas.

Tras esas consideraciones, el Consell, a través de la Abogacía General de la Generalitat, solicita que el proyecto de real decreto sobre planes hidrológicos rescate e introduzca de nuevo la versión original de la disposición adicional novena, relativa a los caudales ecológicos, que fue aprobada por el Consejo Nacional del Agua el pasado 29 de noviembre y que resulta fundamental para garantizar el mantenimiento del trasvase Tajo-Segura.