Ante las restricciones aplicadas tras la llegada de la quinta ola, las Comunidades Autónomas se plantean nuevas medidas. Adaptarse a una situación que difiere de las anteriores es hoy una necesidad. La alta tasa de vacunación, la fatiga pandémica y evitar los cierres en pleno verano obliga a los ejecutivos autonómicos a pensar nuevas estrategias.
Por ello, el Consejo Interterritorial convocado esta tarde debatirá el uso del pasaporte COVID para el acceso a locales de ocio y otros espacios públicos. Una medida similar a esta ha sido ya aprobada por la Asamblea Nacional de Francia.
En nuestro país, algunas autonomías ya lo están aplicando como es caso de Galicia y Canarias. Otras, como Comunitat Valenciana, Madrid y Cataluña piden a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, una regulación nacional. Pese a que descartan su uso a día de hoy, creen necesario que exista una ley de regulación.
Valencia fue la primera comunidad en planteárselo en privado a Darias. Hace semanas, el secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, ya planteó este debate. Desde el Consell, tanto el president, Ximo Puig, como la consellera de Sanitat, Ana Barceló, descartan que esta medida esté sobre la mesa.
Puig ha incidido en que esta decisión no favorece a la igualdad mientras que exista una parte de la población que no tiene acceso a la vacuna. «Cuando todas las personas hayan tenido la oportunidad de vacunarse, será un buen momento», aseguraba el President.
DUDAS ÉTICAS Y LEGALES PARA IMPLANTAR EL PASAPORTE COVID
Desde el Ministerio de Sanidad se plantean dudas éticas y legales para su implantación. Por un lado, hay un sector de la población que no tiene acceso a la vacuna. Por otro, que este pasaporte de la Unión Europea ha sido creado para poder viajar y esa es, en principio, su única aplicación posible.
Las comunidades que ya lo están empleando no exigen el pasaporte COVID. Si bien este certificado es válido, lo que piden es un documento de certificación que expide la propia autonomía. En él se indica si está vacunado, si ha pasado el COVID o si tiene una prueba negativa de antígenos o PCR.
Para evitar estas dudas, las autonomías que ya lo aplican han puesto en marcha algunos mecanismos. Así Galicia, la primera autonomía en ponerlo en marcha, ha establecido puntos de cribado en todas las poblaciones. Cualquier persona puede realizarse un test antígenos gratuito y obtener su certificado en el momento.
