El Gobierno aprueba este martes la mayor regularización extraordinaria de migrantes de los últimos años, una medida que podría beneficiar a cerca de medio millón de personas en situación irregular en España. El plan, que llevaba más de dos meses en trámite, sale adelante tras el visto bueno del Consejo de Estado y en medio de un fuerte debate político sobre sus efectos sociales, económicos y administrativos.
La medida retoma el espíritu de la Iniciativa Legislativa Popular que reunió más de 700.000 firmas y que fue admitida a trámite en el Congreso en 2024. El Ejecutivo defiende que se trata de una decisión “de justicia” y “de necesidad” ante el envejecimiento de la población y la falta de mano de obra en distintos sectores. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido que esta regularización busca reconocer la realidad de miles de personas que ya viven, trabajan y forman parte del día a día del país.
Quién podrá acogerse a la regularización
El nuevo real decreto contempla dos grandes perfiles de beneficiarios:
- Personas solicitantes de protección internacional que hubieran pedido asilo antes del 31 de diciembre de 2025, con independencia de que su expediente haya sido resuelto o no.
- Migrantes económicos que acrediten estar en España desde al menos el 31 de julio de 2025, lo que implica demostrar una estancia mínima de cinco meses antes del cierre de 2025.
Además, el proceso permitirá incluir de forma simultánea a los hijos menores que ya se encuentren en territorio español.
Plazos: cuándo se podrá solicitar
El calendario previsto establece que las solicitudes podrán presentarse desde principios de abril y hasta el 30 de junio de 2026.
El Gobierno calcula que:
- La admisión a trámite se resolverá en un plazo máximo de 15 días.
- Desde ese momento, el solicitante podrá empezar a trabajar legalmente.
- La resolución final no debería superar los tres meses.
La autorización concedida será de residencia y trabajo, válida en toda España y para cualquier sector laboral. El permiso inicial tendrá una duración de un año, con posibilidad de pasar después a las vías ordinarias del Reglamento de Extranjería.
En el caso de los menores incluidos en el proceso, la autorización tendrá una vigencia de cinco años.
Qué ocurre si hay antecedentes penales
Uno de los requisitos fundamentales será no tener antecedentes penales ni representar una amenaza para el orden público.
El Consejo de Estado ha puesto especial atención en este punto. El borrador inicial contemplaba que, si una persona no lograba obtener a tiempo el certificado de antecedentes penales de su país de origen, podría presentar una declaración responsable de no tener condenas.
Sin embargo, el órgano consultivo rechazó esta fórmula al considerar que relajaba en exceso los controles en un proceso de gran volumen. Por ello, el Gobierno ha introducido ajustes para reforzar las garantías en la acreditación de este requisito.
Qué pasa con los solicitantes de asilo
Otro de los puntos revisados afecta a quienes tienen abierto un procedimiento de protección internacional.
El texto inicial preveía suspender automáticamente la tramitación del asilo si la persona optaba por acogerse a la regularización extraordinaria. El Consejo de Estado ha desaconsejado esta medida, por lo que el Ejecutivo ha tenido que revisar esta parte del decreto.
También se han introducido matices sobre la acreditación de la vulnerabilidad social del solicitante, endureciendo los requisitos para demostrarla mediante informes de entidades sociales.
Un debate político abierto
La aprobación del plan ha reabierto el debate político sobre la inmigración. Mientras el Gobierno sostiene que la medida ayudará a aflorar empleo, reforzar cotizaciones y responder al reto demográfico, el líder del Alberto Núñez Feijóo ha criticado la decisión y ha acusado al Ejecutivo de alterar el censo electoral de cara al futuro.
No es la primera vez que España recurre a este tipo de medidas. Desde los años 80 se han aprobado seis regularizaciones extraordinarias: cuatro bajo gobiernos socialistas y dos con ejecutivos del PP. En el conjunto de la Unión Europea se han realizado más de 40 procesos similares desde los años 90.
