Crear una Oficina Antiokupas de asesoramiento para los vecinos y comunidades de propietarios que sufren la ocupación de sus viviendas. Esta es la iniciativa que el Partido Popular de Valencia propondrá en el próximo Pleno del Ayuntamiento según ha anunciado hoy la portavoz del PP, María José Catalá, en una comparecencia junto con el senador popular Fernando de Rosa.
Las denuncias por ocupación durante el primer semestre de 2020 han crecido considerablemente en la provincia de Valencia. La tasa está muy por encima de la media nacional y autonómica. Mientras en Valencia el aumento ha sido de un 29,6%, pasando de 257 a 333 denuncias (cifras respecto al primer semestre de 2019); en la Comunitat Valenciana ese incremento ha sido del 14,1% y a nivel nacional del 5,03%.
Catalá ha considerado los datos de «muy preocupantes». Además, las cifras son provinciales pero ha avanzado que todo apunta a que el mayor aumento se ha producido en la ciudad. Por ello, la portavoz popular solicitará una reunión con la Delegada del Gobierno. El objetivo de ésta ha asegurado que es conocer el alcance de las ocupaciones en el municipio de Valencia.
La popular también pedirá además una reunión con la Fiscalía provincial. En ella solicitará que la Policía Local pueda tener acceso a las agendas judiciales. La finalidad es que puedan «ayudar a los vecinos y comunidades de propietarios que ven ocupadas sus viviendas”.
UN PLAN ANTI-OKUPACIÓN A NIVEL NACIONAL
Además, la iniciativa para acabar con la ocupación ilegal no acaba aquí. Ante el incremento de casos, Fernando de Rosa ha declarado que el PP también ha propuesto un plan Anti-okupación a nivel nacional. Éste está plasmado en una Proposición de Ley Orgánica contra la ocupación ilegal presentada en el Congreso de los Diputados el 1 de julio. El Senador ha explicado que la proposición recoge una serie de modificaciones legislativas que se resumen en:
- Recupera el delito de usurpación de un bien inmueble, con penas de prisión de 1 a 3 años.
- Pide que el desalojo por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado pueda hacerse en 24 o un máximo de 48 horas, dando plena seguridad jurídica a los servidores públicos.
- Prohíbe que los ayuntamientos permitan empadronarse a los okupas, como ocurre actualmente.
- Facilita que las comunidades de vecinos, ante comportamientos violentos de los okupas, puedan actuar directamente ante los tribunales.
- Permite que los propietarios que sean personas jurídicas puedan actuar contra la okupación y puedan tomar medidas legales.
Todas estas medidas, ha resaltado el senador popular, “tienen que venir acompañadas de acciones sociales para ayudar a las personas y familias más necesitadas y vulnerables para que se les garantice el derecho a una vivienda digna”.
