El proceso de regularización extraordinaria de migrantes impulsado por el Gobierno de España ha comenzado marcado por la saturación administrativa y la aparición de estafas dirigidas a personas en situación irregular. La medida, publicada en el Boletín Oficial del Estado y con plazo abierto hasta el 30 de junio, podría beneficiar a cerca de medio millón de personas en todo el país, con especial impacto en la Comunidad Valenciana.
Desde el primer día de solicitudes, los problemas han sido evidentes. La dificultad para conseguir citas, la saturación de las plataformas digitales y la falta de preparación en algunos servicios públicos están complicando el acceso a un proceso que busca precisamente facilitar la integración de estas personas en el mercado laboral. A este contexto se suma la aparición de prácticas fraudulentas. Algunos intermediarios están cobrando por gestiones innecesarias o prometiendo resultados rápidos, aprovechándose de la vulnerabilidad de los solicitantes.
«No por hacerlo más rápido va a salir mejor»
El abogado especialista en extranjería Fran Raga advierte de esta situación y lanza un mensaje claro: “Es una oportunidad única y hay que hacerlo bien. No por hacerlo más rápido va a salir mejor”. El experto insiste en la importancia de actuar con prudencia: “Sobre todo, desconfiar de los chollos, de las promesas rápidas y de los resultados 100% seguros”.
Raga también recomienda mantener la calma ante el colapso inicial: “El procedimiento va a estar abierto hasta final de junio, quedan más de dos meses para reunir la documentación y asesorarse correctamente”. En este sentido, subraya que no es imprescindible acudir a gestores privados, ya que existen recursos públicos y gratuitos como ONGs o servicios de orientación jurídica.
«Trabajar legalmente y contribuir al Estado»
El proceso exige a las personas migrantes cumplir varios requisitos, como acreditar la estancia en España antes del 1 de enero de 2026 y una permanencia continuada mínima de cinco meses. Además, los solicitantes deberán demostrar alguna circunstancia adicional, como tener menores a cargo, contar con una oferta de empleo o presentar un informe de vulnerabilidad, uno de los puntos que más dificultades está generando en estos primeros días. “El problema es que muchos servicios sociales todavía no han recibido la formación necesaria para emitir estos informes, lo que está provocando retrasos”, explica Raga.
Más allá de las dificultades iniciales, el objetivo de la medida es claro: sacar de la economía sumergida a cientos de miles de personas que ya residen en España. “Lo que se está haciendo es darles la oportunidad de trabajar legalmente y contribuir al Estado, en lugar de permanecer en situaciones de precariedad o explotación”, señala el abogado.
Pese a la polémica política que ha generado la medida, los expertos coinciden en que su impacto puede ser positivo a medio plazo, tanto en términos económicos como sociales. Sin embargo, el éxito del proceso dependerá en gran parte de la capacidad administrativa y de evitar que las estafas empañen una iniciativa clave para miles de personas migrantes.
