El Partido Popular de la Comunitat Valenciana recurrirá ante el Tribunal Constitucional la nueva Ley de Educación. El PPCV ha señalado la ley Celaá de «antidemocrática» e «inconstitucional».

Los populares han rechazado contundentemente la eliminación del concepto de demanda social; la supresión de las competencias de los centros para gestionar su propio espacio; la eliminación de la educación especial; y, sobre todo, la eliminación del castellano como lengua vehicular.

El portavoz de Educación en el Senado, Pablo Ruz, ha advertido de que van a presentar recursos al Tribunal Constitucional. Éstos serán tanto por algunos artículos concretos como por la totalidad de la Ley. Además, asevera que se pondrá en conocimiento a los órganos europeos.

La Ley Celaá saldrá adelante sin haber consultado a la comunidad educativa, un aspecto que se ha ganado la negativa de numerosos ciudadanos. Será este jueves cuando se presentará a votación en el Congreso de los Diputados. El objetivo del Gobierno es publicar la nueva Ley antes de finalizar el año.

Beatriz Gascó y Pablo Ruz en la rueda de prensa.

LOS SIETE PUNTOS QUE EL PPCV PIDE MODIFICAR

Por su parte, Beatriz Gascó, portavoz de Educación del PPCV en Les Corts, ha  puesto sobre la mesa una propuesta basada en siete puntos de la Ley a modificar.

  1. Paralizar la Lomloe y que se le dé voz a la comunidad educativa y a los expertos.
  2. Garantizar la existencia de los diferentes modelos educativos para que los padres puedan elegir.
  3. Mantener el concepto de demanda social: no tiene sentido que para llenar un aula se quiera vaciar otra.
  4. Eliminar la disposición adicional cuarta que habla del trasvase de alumnos de centros de educación especial porque siembra incertidumbre. No habría que tocar la educación especial porque funciona.
  5. No eliminar el examen de oposición para acceder al cuerpo de inspectores y mantener su independencia.
  6. Velar por la igualdad y atender a sus derechos lingüísticos de recibir enseñanza en castellano como lengua vehicular.
  7. Además se solicita que la ley dé respuesta a los desafíos actuales en cuanto al aprendizaje de idiomas, digitalización o la reducción del fracaso y abandono escolar.