23f

Era 23 de febrero de 1981 y en el Congreso de los Diputados se avecinaba una carrera de fondo que -aparentemente- nadie veía venir. Tenía lugar la votación a la investidura de Leopoldo Calvo Sotelo cuando de fondo se comenzaron a escuchar murmullos que venían de los exteriores del hemiciclo. De pronto, una voz irrumpía con fuerza: “Quieto todo el mundo!”. Era el comandante Antonio Tejero. Estábamos ante un golpe de Estado que iba a mantener en vilo a los españoles durante casi un día entero.

Mientras tanto, las calles de Valencia eran ocupadas por más de dos mil militares que, tanques mediante, cortaron la respiración de una ciudad que no había visto un despliegue militar de tales características desde la Guerra Civil. Mucha gente se temía lo peor: una vuelta a los valores del franquismo a un país que comenzaba a alzar el vuelo.

No obstante, como todos sabemos, el golpe no proliferó. Aquel contratiempo histórico que podía haber cambiado el rumbo de nuestro país se quedó en eso, un contratiempo. Pero ese 23F permaneció para siempre en la memoria colectiva española como una de las fechas que más incógnitas esconden en la historia reciente de nuestro país.

Muchas son las voces que apuntan a que el rey era conocedor de lo que estaba por venir y que fue de hecho uno de los encargados de zurcir toda la trama. Es el caso de la periodista Pilar Urbano, que recoge en su libro La gran desmemoria (Planeta) muchas de las conversaciones que mantuvo el monarca con algunos de los protagonistas del Golpe. La periodista mantiene firme su postura: “El rey nos salvó in extremis de un golpe que él mismo había puesto en marcha, no queriendo que fuera un golpe, queriendo una solución fraguada en el Parlamento; pero Suárez le advertía: “¡Esto es un golpe!”.

Afirmo mi rotunda decisión de mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente. Después de este mensaje ya no puedo volverme atrás”

Estas eran las palabras que le trasladó el entonces monarca al teniente Milans del Bosch, quien se hallaba al frente del Golpe en Valencia, en un telefax enviado a las 2 de la madrugada del ya 24F. Las suspicacias acerca la versión oficial de lo ocurrido aquel día, como podemos observar, no son del todo infundadas.

Para conocer al fin la verdad sobre lo ocurrido, por ahora tenemos dos opciones: la primera, esperar a que en 2030 se desclasifiquen por ley los documentos oficiales que desde entonces se mantienen ocultos; la segunda, tomar un atajo y modificar la legalidad vigente.

Hace casi un año, en marzo de 2018, se consiguió desbloquear en el Congreso una propuesta del PNV para que las materias delicadas tuvieran una vida secreta de no más de 25 años (y diez extra en casos excepcionales y justificados por el Gobierno). El PP decidió no seguir poniendo trabas a una iniciativa que, para alegría de muchos y terror de otros tantos, supondría la publicación inmediata de cientos de páginas oficiales sobre la historia de España.

En septiembre, tras la dura insistencia de los nacionalistas vascos, Pedro Sánchez se mostró dispuesto a este acortamiento a 25 años del plazo para desclasificar documentos secretos y anunció que el Gobierno también estudia autorizar con carácter general la consulta de los documentos que integran el Archivo General Militar.

Desde entonces el asunto no ha avanzado demasiado, pero se espera que el proceso se aligere en el supuesto de que Sánchez renueve mandato tras las elecciones del 28 de abril.

Pedro Sánchez convoca elecciones generales para el 28 de abril