El Ministerio del Interior ha ordenado abrir una investigación sobre las cargas policiales registradas durante la huelga general del 11 de noviembre, especialmente tras los incidentes ocurridos al término de la manifestación en Madrid. La decisión llega en medio de una creciente presión política sobre el ministro Fernando Grande-Marlaska, al que varios partidos de izquierda, incluidos socios parlamentarios del PSOE, reclaman explicaciones e incluso la dimisión. La polémica también tuvo su reflejo en Valencia, donde se vivieron momentos de tensión en la plaza del Ayuntamiento durante las movilizaciones.
Según ha informado el departamento, Grande-Marlaska ha ordenado a la Dirección General de la Policía Nacional la apertura de investigaciones específicas sobre las distintas incidencias de la jornada. Estas pesquisas se realizarán al margen de la inspección interna habitual del cuerpo para evaluar si las actuaciones se ajustaron a la normativa vigente. Además, el ministro ha dado instrucciones para que no se utilice gas lacrimógeno en los futuros dispositivos de control de manifestaciones.
Cargas policiales en la plaza del Ayuntamiento de Valencia
En Valencia, los momentos de mayor tensión se produjeron en la plaza del Ayuntamiento, tras la llegada de varias columnas de manifestantes al centro de la ciudad. La intervención de agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) tuvo lugar en el entorno de la acampada por la vivienda, que todavía permanece instalada en la plaza y se encuentra en proceso de retirada progresiva.
Durante los incidentes, los agentes intentaron identificar a varias personas y se produjeron empujones y enfrentamientos. También se lanzaron piedras y fragmentos de tierra contra los policías que protegían uno de los establecimientos comerciales. Posteriormente, efectivos de la Policía Nacional rodearon parte de la acampada e intentaron acceder a su interior para comprobar si algunos de los participantes en los altercados se habían refugiado allí. Según fuentes policiales, la intervención no tenía como objetivo ejecutar un desalojo.
La tensión también afectó a la actividad comercial del centro. Algunos establecimientos de la calle Colón bajaron las persianas por precaución, mientras que varios locales de hostelería retiraron sus terrazas ante la posibilidad de nuevos incidentes.
Cuatro detenidos en Valencia durante la jornada
En cuanto al balance policial, en Valencia se practicaron tres detenciones por resistencia a la autoridad relacionadas con el corte de tráfico de la V-21. A estos arrestos se suma el de un hombre en el distrito de Poblados Marítimos durante el dispositivo policial desplegado de madrugada. Según las informaciones policiales facilitadas, a los arrestados se les atribuyen posibles delitos de desórdenes públicos y atentado contra agente de la autoridad.
A escala estatal, el Ministerio del Interior contabilizó en toda España provisionalmente 1.144 incidencias relacionadas con la huelga y 47 detenciones por parte de la Policía Nacional y la Guardia Civil hasta las 23.00 horas. El balance no incluía los datos de Catalunya ni del País Vasco.
Los socios del PSOE piden la dimisión de Marlaska
La polémica ha trascendido el ámbito policial y ha provocado un nuevo enfrentamiento entre los partidos que sostienen al Ejecutivo. El Frente Amplio, socio del Gobierno, ha reclamado la destitución del ministro. Su candidato por Madrid, Emilio Delgado, ha denunciado los problemas en la actuación de los antidisturbios y ha cuestionado la respuesta policial ante las movilizaciones.
En la misma línea se ha pronunciado la portavoz de Podemos en el Congreso, Ione Belarra, que ha pedido la dimisión de Marlaska por lo que ha calificado de «brutalidad y abuso policial». También la portavoz parlamentaria de Sumar, Verónica Barbero, ha reclamado al ministro explicaciones y su salida del cargo.
Por su parte, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha señalado la responsabilidad del PSOE como partido que dirige el Gobierno y ha cuestionado que se atribuya toda la responsabilidad a los agentes sin examinar las decisiones de sus superiores.
Las investigaciones ordenadas por Interior deberán determinar ahora las circunstancias de las intervenciones policiales y si se ajustaron a los protocolos establecidos. Mientras tanto, las cargas de la huelga han abierto un nuevo frente político para el ministro, cuestionado por formaciones que hasta ahora han sido aliadas parlamentarias del Ejecutivo.
