La Federación de Asociaciones Vecinales de València (FAAVV) ha expresado su rechazo al PAI de Mestalla y ha acusado a los responsables de la operación urbanística de anteponer los intereses inmobiliarios a las necesidades de la ciudadanía. La entidad considera que la transformación del solar del viejo estadio del Valencia CF supone una oportunidad perdida para responder a la emergencia habitacional que atraviesa la ciudad, marcada por la escasez de oferta y el encarecimiento de los alquileres y la compra de vivienda.
La organización vecinal ha trasladado esta posición en un comunicado, en el que califica la operación de «un negocio inmobiliario que parece diseñado para maximizar el beneficio de grandes capitales y del accionista mayoritario de la entidad, Peter Lim». La denuncia llega mientras la acampada reivindicativa por el derecho a la vivienda continúa en la plaza del Ayuntamiento de Valencia, donde los participantes reclaman medidas ante las dificultades para acceder a un hogar.
La FAAVV alerta de que el proyecto culminará, a su juicio, en «la mayor recalificación de suelo en los últimos veinte años en la ciudad», destinada a levantar viviendas de lujo en un contexto de falta de vivienda asequible. La federación recuerda que la operación nació vinculada a la permuta de parcelas públicas para facilitar la construcción del nuevo estadio valencianista, pero sostiene que su desarrollo no está dando prioridad al interés general.
Más de 500 viviendas sin protección pública
El proyecto urbanístico del viejo Mestalla contempla más de 500 viviendas distribuidas en varios edificios de entre 16 y 29 alturas, con torres junto a las avenidas de Aragón y Suecia y las calles Artes Gráficas y Joan Reglà. La propuesta incluye también usos terciarios y dos suelos de titularidad municipal, pero no prevé vivienda protegida.
Los precios previstos para parte de las promociones ilustran el perfil al que podrían dirigirse las nuevas viviendas: algunas propuestas de inversores contemplan pisos de unos 80 metros cuadrados por más de 600.000 euros, mientras que otras plantean inmuebles de mayor tamaño con precios superiores al millón de euros. El número definitivo de viviendas dependerá de las dimensiones que tengan finalmente los pisos.
Para la federación vecinal, estas características chocan con la situación de muchas personas que no pueden asumir los precios actuales del mercado. La entidad considera «inadmisible» que el suelo de la ciudad «se ponga al servicio de promociones de alto standing mientras los vecinos y vecinas sufren un auténtico drama social debido a la falta de vivienda asequible y el encarecimiento generalizado del alquiler y la compra».
Crítica a los responsables políticos
La FAAVV también denuncia una «responsabilidad política compartida» en la operación. Según sostiene, los acuerdos que la han hecho posible contaron, en diferentes etapas, con el respaldo o la validación de fuerzas políticas tanto del Gobierno municipal como de la oposición. La organización acusa a los sucesivos responsables políticos de haber «priorizado los intereses particulares de los inversores frente a la protección del patrimonio público y el derecho constitucional a la vivienda».
Ante esta situación, la federación exige una revisión exhaustiva de las condiciones del plan y reclama un cambio en las políticas urbanísticas para que los proyectos respondan a criterios de rentabilidad social, sostenibilidad y cohesión vecinal. Su posicionamiento se suma al debate abierto en València sobre la falta de vivienda asequible y las dificultades de acceso a un mercado cada vez más caro.
