Laura tiene un piso de alquiler en Valencia pero hace once meses que no cobra una mensualidad. Entre rentas impagadas, gastos judiciales, suministros y desperfectos acumulados, calcula que ya ha perdido más de 14.000 euros. La historia de Laura es ficticia, pero podría representar la situación de miles de pequeños propietarios. El temor al impago y a los largos procesos judiciales se ha convertido en uno de los factores que más está condicionando el mercado del alquiler, especialmente en ciudades como Valencia, donde la demanda sigue disparada y la oferta continúa reduciéndose.
Según datos difundidos por la Sociedad Española de Alquiler Garantizado (SEAG), el 70% de los propietarios reconoce que actualmente prioriza evitar riesgos antes que obtener una mayor rentabilidad por su vivienda. Además, más del 60% asegura haber endurecido las condiciones para alquilar y alrededor de la mitad admite haber rechazado perfiles por dudas sobre su estabilidad económica. A esos porcentajes se suma que un 50% de los propietarios admite haber rechazado perfiles por dudas respecto a su solvencia económica.
El cambio de actitud de muchos propietarios ya se nota en el mercado. Las exigencias para acceder a una vivienda se han multiplicado durante el último año: contratos indefinidos, ingresos elevados, varios meses de fianza o avales bancarios adicionales son algunas de las condiciones que cada vez aparecen con más frecuencia.
La situación afecta especialmente a jóvenes, autónomos y familias con ingresos variables, que encuentran mayores dificultades para superar los filtros de acceso al alquiler.
El miedo a perder miles de euros
Desde SEAG advierten de que el problema está generando un efecto dominó en el mercado inmobiliario. «Cuando un propietario percibe que alquilar su vivienda implica un riesgo elevado y escasa capacidad de reacción ante un impago, la consecuencia natural es retirar oferta o endurecer al máximo los filtros de acceso», explica Daniela Salinas, directora del Departamento Jurídico de la compañía.
«El resultado es un mercado cada vez más excluyente, con menos vivienda disponible y mayores dificultades para acceder al alquiler», añade. Uno de los principales factores que está alimentando esta desconfianza son los tiempos judiciales. Según datos del Consejo General del Poder Judicial, durante 2025 se practicaron más de 18.000 lanzamientos derivados de procedimientos vinculados al alquiler, lo que representó más del 70% de los desahucios ejecutados en España.
En muchos casos, recuperar una vivienda puede prolongarse durante cerca de un año. Mientras tanto, el propietario continúa asumiendo gastos de comunidad, suministros, impuestos o reparaciones sin percibir ingresos mensuales.
El sector calcula que un conflicto por impago puede acabar suponiendo pérdidas superiores a los 15.000 euros entre rentas pendientes, costes legales y deterioros en el inmueble. En ciudades como Valencia, donde el precio medio del alquiler sigue cerca de máximos históricos, las pérdidas económicas se disparan rápidamente cuando el procedimiento se alarga durante meses.
Propietarios que dejan de alquilar
La consecuencia más preocupante para el mercado es que cada vez más pequeños propietarios están optando por retirar sus viviendas del alquiler tradicional. Según SEAG, aproximadamente uno de cada tres se plantea abandonar este modelo por miedo a la morosidad y a la inseguridad jurídica.
Para Salinas, el debate sobre la vivienda se ha centrado demasiado en limitar precios y aumentar regulación, dejando de lado la protección jurídica del arrendador. «Sin confianza no habrá más oferta. Y sin más oferta es imposible estabilizar precios o mejorar el acceso a la vivienda. La realidad es que muchos pequeños propietarios hoy prefieren no alquilar«, señala.
El sector reclama medidas que permitan agilizar los procedimientos judiciales, reforzar las garantías frente al impago y recuperar la confianza de los propietarios para evitar que la falta de vivienda disponible siga agravándose en los próximos años.
