La investigación judicial sobre la gestión de la dana que afectó a la provincia de Valencia en 2024 sigue avanzando y suma ahora un nuevo paso relevante. La jueza instructora ha acordado citar como testigo al expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, en el marco de las diligencias abiertas para esclarecer lo ocurrido durante el episodio meteorológico.
La decisión llega después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana descartara que existan indicios suficientes para atribuirle responsabilidad penal, lo que ha marcado el rumbo de la causa en esta fase del procedimiento.
Según recoge la resolución judicial, la comparecencia de Mazón se realizará en calidad de testigo y no como investigado. La magistrada considera que, tras el pronunciamiento del alto tribunal valenciano, no se aprecian elementos suficientes para imputarle responsabilidad penal, ni por omisión ni por una actuación directa en los hechos analizados.
En este contexto, la jueza entiende que la vía adecuada para recabar su testimonio es la declaración como testigo, con el objetivo de aclarar la toma de decisiones durante la jornada clave en la que se produjo la dana.
Además, se le ha solicitado que aporte de manera voluntaria las comunicaciones telefónicas y mensajes relacionados con ese día, una documentación que podría resultar relevante para reconstruir la cronología de los hechos.
También declara la ex portavoz del Consell
La investigación no se limita a la figura del expresident. En el mismo auto, la jueza ha acordado también la citación como testigo de la que fuera portavoz del Consell en aquel momento, Ruth Merino, dentro de la misma línea de análisis sobre la gestión institucional del episodio.
Asimismo, el juzgado ha requerido a distintos responsables municipales que faciliten sus registros de llamadas y comunicaciones mantenidas durante esa jornada con otros cargos y con los órganos de coordinación de emergencias.
El procedimiento judicial continúa con nuevas actuaciones para profundizar en los hechos. Entre ellas, la magistrada ha ordenado nuevas declaraciones de responsables técnicos de emergencias, así como pruebas adicionales para verificar documentación incorporada a la causa.
Estas diligencias buscan esclarecer cómo se gestionó la situación en tiempo real, qué decisiones se adoptaron y en qué momento, en un episodio que tuvo importantes consecuencias en distintos puntos de la provincia. La causa sigue abierta y en fase de instrucción, con el objetivo de determinar si existieron responsabilidades en la gestión de la dana y, en su caso, depurar las posibles consecuencias jurídicas.
