Seis meses después de la DANA que asoló buena parte de la comarca de l’Horta Sud, y a pocas horas del gran apagón que dejó a oscuras España y Portugal, los alcaldes de Sedaví, Puçol, Bonrepòs i Mirambell y Alcàsser se dieron cita en el programa Ágora de 7TeleValencia para reflexionar sobre las consecuencias del desastre y, sobre todo, sobre las graves carencias estructurales y de gestión que salieron a la luz durante aquella crisis.
Todos coincidieron en señalar que tanto el apagón como las lluvias torrenciales pusieron a prueba, y dejaron en evidencia, la capacidad de respuesta de las administraciones públicas, en especial de los municipios, que fueron quienes tuvieron que afrontar la emergencia “a oscuras, sin información y sin recursos”.
Paz Carceller, alcaldesa de Puçol, fue una de las voces más críticas durante el debate, denunciando la falta de explicaciones sobre lo sucedido con el apagón. “Me da vergüenza ajena escuchar al presidente del Gobierno hablar de eficacia y agilidad. Es el mayor apagón del siglo XXI en un país civilizado. Hay que asumir errores y explicar por qué falló un sistema que se nos vendió como infalible”, afirmó.
Raquel Ramiro, alcaldesa de Bonrepòs i Mirambell, relató cómo el apagón sorprendió a muchos en un día festivo, San Vicente, cuando nadie esperaba una situación de tal magnitud. El alcalde de Sedaví, José Francisco Cabanes, apuntó que tras la caída de las telecomunicaciones, “ya sabíamos que no era un problema local”.
Por su parte, el alcalde de Alcàsser Alberto Primo relató que, al igual que muchos otros municipios, al principio pensaron que se trataba de una avería local. Pero con el paso de los minutos y la caída de las comunicaciones, comprendieron que se enfrentaban a un fallo a gran escala: “Fue una situación inesperada. No sabíamos si era un fallo puntual, algo técnico, o algo más grave. Sin comunicaciones ni luz, quedamos completamente desconectados”.
Carencia de protocolos ante emergencias
La tertulia puso también el foco en las inundaciones provocadas por la DANA, que causaron daños devastadores en la comarca de l’Horta Sud. “Se ha construido en zonas que ya estaban marcadas como inundables”, denunció Cabanes, poniendo como ejemplo el centro comercial Bonaire. “Esto hay que revisarlo y corregirlo”, añadió. Todos los alcaldes coincidieron en que las infraestructuras actuales están obsoletas y que muchas decisiones urbanísticas del pasado están pasando factura.
La falta de un protocolo claro de actuación fue otro de los temas candentes. Los alcaldes relataron el caos que vivieron durante las alertas meteorológicas: cambios de nivel de riesgo notificados por email a última hora, decisiones contradictorias, y la absoluta falta de liderazgo desde instancias superiores.
“No puede ser que decidamos si se cierran colegios o se evacúan polígonos industriales con solo un grupo de WhatsApp entre alcaldes”, denunció Carceller. Alberto Primo, alcalde de Alcàsser, subrayó la necesidad de institucionalizar protocolos de emergencia: “No podemos seguir improvisando cada vez que llueve o sopla viento”.
«Así es el municipalismo»
Pese a las diferencias políticas, los ediles destacaron la unidad con la que afrontaron la emergencia. “No miramos colores. Todos fuimos a una. Así es el municipalismo”, sentenció Ramiro. También reivindicaron el papel del municipio como primera línea de respuesta y exigieron una financiación justa. “Somos los que damos la cara. Estamos con los vecinos cuando más lo necesitan, y seguimos recibiendo competencias sin medios”, reclamó Cabanes.
Primo alertó sobre la falta de visión a largo plazo: “Hay que pensar en infraestructuras que duren varias legislaturas. No podemos seguir usando sistemas diseñados hace 45 años para una sociedad que ha crecido exponencialmente”. Raquel Ramiro añadió: “No estamos preparados para el siglo XXI. Nos falta financiación local y planificación con sentido común. Somos los alcaldes quienes estamos en primera línea”.
La vivienda, una emergencia creciente en el área metropolitana
En la recta final de la tertulia en Ágora, el foco se desplazó hacia otro problema que preocupa intensamente a los municipios del área metropolitana de Valencia: la falta de vivienda asequible. La situación, coincidieron los alcaldes, ha pasado de ser una preocupación estructural a convertirse en una emergencia social.
El primero en abordar el asunto fue Alberto Primo, alcalde de Alcàsser, quien alertó de que el encarecimiento del mercado inmobiliario en la capital está desplazando a la población hacia municipios como Alcàsser, Sedaví, Puçol y Bonrepòs i Mirambell. “Estamos viviendo un proceso de expulsión silenciosa. La gente que no puede permitirse vivir en Valencia busca alternativas en los pueblos cercanos, lo que a su vez tensiona nuestro mercado local”, explicó.
Paz Carceller, alcaldesa de Puçol, añadió una dimensión clave: la llegada de la gigafactoría de baterías de Volkswagen cerca de su término municipal. “Es una noticia muy positiva por el empleo que generará, pero también implica un fuerte aumento de la demanda residencial. Debemos anticiparnos para no quedarnos sin suelo ni oferta suficiente”, advirtió. Informó de que su municipio ya ha puesto en marcha tres proyectos urbanísticos, incluyendo uno de más de 32.000 m² en colaboración público-privada, con especial atención a las necesidades de la población joven.
Por su parte, Raquel Ramiro, alcaldesa de Bonrepòs i Mirambell, explicó que su municipio ya percibió un notable aumento en la demanda de vivienda tras la pandemia, cuando muchas personas decidieron abandonar las ciudades en busca de una mejor calidad de vida. “El problema es que no tenemos suelo disponible. Estamos tramitando una modificación del plan general, pero es un proceso lento”, indicó.
Desde Sedaví, José Francisco Cabanes describió una situación límite: “Tenemos el término prácticamente construido. Lo poco que queda está en zona de protección de huerta”. A esto se suma, explicó, que muchos vecinos aún no han podido regresar a sus casas tras los daños provocados por la DANA. “Estamos en plena fase de reconstrucción, pero sin vivienda social suficiente. Es un problema que arrastramos desde hace años”, lamentó.
Cabanes reclamó una mayor agilidad al Estado para permitir que los ayuntamientos puedan adquirir viviendas del parque de Sareb a precio tasado. “Nos salvaron a los bancos con dinero público; ahora es justo que devuelvan ese parque inmobiliario para uso social. No estamos para especular. Si compramos esas viviendas, será para destinarlas a quienes más lo necesitan”, defendió.
Todos coincidieron en que la solución pasa por la coordinación entre administraciones, la agilización de trámites urbanísticos, y el refuerzo del parque público de vivienda. Además, recordaron que el crecimiento de Valencia hacia el sur no solo presiona el mercado inmobiliario, sino que también exige mejores conexiones de transporte y planificación metropolitana conjunta.
Transparencia y financiación local
La tertulia concluyó con una última intervención de cada alcalde, en la que resumieron en una frase su visión. Lejos de mensajes políticos vacíos, sus palabras reflejaron el sentir de quienes han estado al frente de sus municipios en momentos de absoluta incertidumbre y emergencia.
Alberto Primo, alcalde de Alcàsser, fue directo: “Desde el municipalismo somos quienes aportamos soluciones. Que se nos escuche donde se toman las decisiones y se cuente con nuestra opinión porque estamos a pie de calle”.
Paz Carceller, alcaldesa de Puçol, complementó esa idea con un reclamo claro y firme: “Queremos conocer la verdad del apagón”. Por su parte, Raquel Ramiro, alcaldesa de Bonrepòs i Mirambell, sintetizó en una demanda concreta los obstáculos cotidianos de los ayuntamientos: “Menos burocracia para mejorar más”.
Finalmente, José Francisco Cabanes, alcalde de Sedaví, cerró con una reflexión sobre la raíz del problema: “Somos la cara más cercana a la ciudadanía, pero necesitamos recursos. Hablamos mucho de financiación autonómica, pero se olvida la municipal. Con cada crisis asumimos más competencias impropias sin medios. La financiación local debe abordarse de una vez por todas”.
Los cuatro coincidieron en lo esencial: no se puede afrontar el futuro desde la improvisación ni desde la soledad institucional. Los municipios han demostrado estar en primera línea cuando la emergencia golpea. Ahora reclaman el lugar que les corresponde en la toma de decisiones y los recursos para ejercerlo.
