Mazón anuncia que 75 municipios comenzarán la desescalada
Vista de la zona del barranco del Poyo en Picanya un mes después de la DANA. / KAI FORSTERLING (EFE)

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha avanzado que el Consell propondrá mañana en el Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI) que «solo 28 municipios de la provincia de Valencia sigan en Nivel 2 de Emergencia«.

Así lo ha dado a conocer durante la sesión de control, donde ha detallado la propuesta técnica que se presentará para la vuelta a la normalidad tras las inundaciones del pasado 29 de octubre en función del nivel de afección de cada una de las poblaciones.

En este sentido, ha explicado que planteará que «otros 75 municipios bajen del Nivel 2 al Nivel 1 en el que se mantendrán por prevención» y que «los 163 municipios restantes de la provincia de Valencia dejen de estar en situación de emergencia».

Cabe señalar que el Nivel 2 de Emergencia contempla municipios que todavía necesitan apoyo externo para la resolución de la emergencia. El Nivel 1, por su parte, hace referencia a aquellas localidades cuya estructura municipal es suficiente para la gestión de la emergencia. El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat actúa como órgano de apoyo, pudiendo movilizar recursos de otras administraciones. Además en el Nivel 1, los municipios pasan a la reconstrucción.

Mazón denuncia la deslealtad del Gobierno y la «cacería política»

Durante su intervención, el president ha denunciado «la deslealtad del Ejecutivo central», así como «la falta de coordinación». Además, ha recordado que el Gobierno ha rebajado la solicitud de 31.402 millones de euros realizada por el Consell «a 16.000 millones de euros», de los que un tercio corresponden a préstamos a devolver con intereses, al tiempo que ha criticado que haya «cero ayudas directas a la Generalitat que tendrá que asumir el 100% del gasto sanitario, educativo, servicios sociales e infraestructuras de la reconstrucción«.

Carlos Mazón ha señalado la exigencia del pueblo valenciano «en la rapidez en el pago de las ayudas y eficacia en las tareas de reconstrucción» por la DANA y ha considerado que es «justo lo contrario” que está haciendo el Gobierno de Pedro Sánchez porque «ha pasado del si quieren ayuda, que la pidan, a si quieren ayuda que la paguen con intereses o con impuestos».

Del mismo modo, ha denunciado «la cacería política del Gobierno» y que esté «utilizando el dolor para buscar victorias políticas a costa de la verdad», además de tildar de «inmoralidad y desidia» el retraso en la solicitud de los Fondos Europeos necesarios para la reconstrucción.

Asimismo, ha criticado que el Ejecutivo Central «pretenda cobrar el IVA y los intereses» de las ayudas puestas en marcha para los afectados, el silencio del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, al tiempo que ha incidido en el «desastre del Consorcio de Seguros» en la demora en la tramitación de expedientes y abono de las indemnizaciones o su dejadez en la limpieza de las playas y para «no hacer en seis años ni un solo proyecto en el Barranco del Poyo y La Saleta».

Falta de compromiso con los afectados

Durante su intervención, el jefe del Consell ha recriminado a Compromís su sumisión al Ejecutivo central por no exigir que asuma el IBI y el IAE de los ayuntamientos «para que no lo paguen los que han perdido su casa o su negocio», al tiempo que ha criticado su falta de compromiso para defender en Madrid las necesidades de las personas afectadas por las riadas.

De este modo, ha reprochado a Compromís que «perdone al Gobierno de España» el mantenimiento del IVA por la compra de vehículo o vivienda o la no disposición de  500 viviendas de la Sareb  para las  familias damnificadas. En esta línea, ha lamentado que tampoco reclame la «limpieza de nuestras playas o la inversión del Estado de 100 millones de euros para instalaciones deportivas».

Al respecto, también ha exigido que su partido «haga algo para que no nos quedemos sin el FLA extraordinario que necesitan los valencianos para pagar ayudas y garantizar nuestras políticas sociales o que se incluyan a los 30 municipios que el Gobierno ha dejado fuera del decreto de emergencia por las riadas».