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El sindicato CSIF considera que el decreto ley sobre plurilingüismo que hoy votan Les Corts para convalidar resulta “insuficiente” y “precipitado”, ya que en la práctica constituye “un parche”. La central sindical reclama una reforma más amplia, que garantice que no se producirá las discriminaciones que generaba el decreto inicial de Educación.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) pide a Conselleria de Educación que comience lo antes posible el diálogo con la comunidad educativa y no deje pasar los meses para, avanzado el curso, imponer otro decreto, como ya le ha sucedido este año. El sindicato señala que la Administración debe velar por mejorar las competencias lingüísticas del alumnado sin incurrir en discriminaciones, no como en el decreto 9/2017.

La central sindical recuerda que el TSJ, tras el recurso de CSIF, anuló la Disposición Adicional 5 del decreto ya que  “se priva de manera irrazonable y carente de justificación del mismo número de horas de inglés al alumnado que curse un nivel básico”. También reconocía el “claro agravio comparativo para el alumno que opte por mayor presencia del castellano”.

CSI·F explica que entre las rectificaciones que tiene que añadir Conselleria al futuro decreto destacaría que “las certificaciones en inglés sean iguales para todo el alumnado de cualquier modelo lingüístico”. También que quede garantizado que los alumnos de tres años recibirán formación inglés, ya que el actual establece entre cero y dos horas.

El sindicato apunta que la falta de previsión de Conselleria ha provocado que numerosas familias y centros hayan adquirido libros que ahora no les servirán. Del mismo modo, ha causado que los equipos directivos hayan estado bloqueados durante los meses de junio y julio por falta de una información que han recibido el 1 de septiembre, con el curso a punto de iniciarse.

La central sindical comenta que esta situación se hubiera evitado si en noviembre de 2016 Conselleria hubiera atendido las alegaciones de CSI·F al borrador de modelo lingüístico educativo. Incluso si la Administración hubiera actuado desde mayo de este año, cuando el TSJ ya dictó la suspensión cautelar del decreto.