El Ministerio de Trabajo, dirigido por la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha propuesto aumentar el salario mínimo interprofesional (SMI) un 5,3% en 2027, hasta situarlo en 1.286 euros brutos mensuales en 14 pagas. La medida supondría una subida de 65 euros al mes respecto a los 1.221 euros actuales y elevaría el salario mínimo anual hasta los 18.004 euros.
La propuesta supera en cinco euros mensuales la recomendación de la comisión de expertos, que planteó un incremento del 4,9%, mientras que los sindicatos UGT y CCOO habían reclamado una subida del 7%.
El proyecto de real decreto, publicado por el departamento de Yolanda Díaz para someterlo a audiencia pública, establece también una remuneración mínima de 60,88 euros por jornada legal para las personas con contratos temporales y de 10,06 euros por hora para las empleadas del hogar.
Se mantienen las reglas sobre los complementos salariales
Uno de los aspectos más controvertidos de la propuesta es que mantiene las actuales reglas de compensación y absorción de pluses salariales. Esta decisión supone que los complementos pueden contabilizarse para alcanzar la cuantía mínima anual establecida por ley.
Los sindicatos habían reclamado eliminar esta posibilidad para garantizar que el incremento del SMI se trasladara directamente a los salarios y no pudiera quedar compensado mediante otros conceptos retributivos.
Por encima de la inflación
Trabajo justifica el incremento por la necesidad de mantener el poder adquisitivo de los trabajadores y avanzar hacia el objetivo de que el salario mínimo alcance el 60% del salario medio, tal como establece la Carta Social Europea. La subida propuesta se sitúa por encima del incremento acumulado del IPC hasta septiembre, que alcanza el 3,6%.
Por su parte, la comisión de expertos considera que los aumentos del salario mínimo aplicados desde 2019 han tenido un impacto negativo muy limitado en el empleo y han contribuido a reducir la rotación laboral. No obstante, advierte de que una parte importante de los trabajadores se está concentrando en una franja salarial muy próxima al SMI y de que numerosos convenios colectivos mantienen salarios base por debajo del mínimo legal.
Rechazo de la patronal
La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) se ha mostrado contraria a una nueva subida. Su presidente, Antonio Garamendi, considera que el incremento llega demasiado pronto, teniendo en cuenta que la última actualización se aplicó a finales de febrero de 2026.
Además, Garamendi ha cuestionado el calendario elegido por Yolanda Díaz y ha atribuido la intención de aprobar la medida antes de las elecciones generales del 29 de noviembre a una estrategia de campaña política. El Gobierno tiene la potestad de fijar el SMI tras consultar a sindicatos y patronal, sin necesidad de contar con su aprobación.
La propuesta se encuentra todavía en fase de audiencia pública y deberá pasar por el Consejo de Ministros para su aprobación definitiva. El objetivo del Ejecutivo es que la nueva cuantía entre en vigor el 1 de enero de 2027.
