La tensión en la educación pública valenciana sigue aumentando a pocos días del inicio de la huelga indefinidaconvocada por los sindicatos docentes. Profesores de 2º de Bachillerato han llegado a plantear una medida inédita: poner un 10 a todo el alumnado si consideran que la Conselleria vulnera su derecho a huelga imponiendo servicios mínimos “abusivos”.
El detonante del conflicto es la decisión de la Administración autonómica de exigir que el profesorado de este curso participe en las evaluaciones finales para garantizar el acceso del alumnado a la PAU/EBAU. Los sindicatos consideran que esta obligación fuerza indirectamente a trabajar durante la huelga y vacía de contenido el derecho constitucional de protesta.
Desde el comité de huelga aseguran que la medida de calificar con la máxima nota “se está planteando seriamente” como respuesta a la presión ejercida por la Conselleria. La iniciativa tendría un enorme impacto académico, ya que los estudiantes valencianos podrían competir con ventaja frente a los del resto de comunidades autónomas en el acceso universitario.
Choque total entre sindicatos y Educación
Los sindicatos STEPV, UGT, CCOO y CSIF mantienen el pulso con la Generalitat y ya han advertido de posibles acciones judiciales contra los servicios mínimos. Además, denuncian falta de negociación y acusan a Educación de priorizar la imagen institucional frente a las condiciones reales de los docentes.
Por su parte, la Conselleria de Educación defiende que las medidas buscan proteger el derecho del alumnado a ser evaluado correctamente antes de la Selectividad y evitar perjuicios académicos irreversibles. Con las posturas cada vez más alejadas y sin acuerdo a la vista, la huelga educativa amenaza con convertirse en uno de los mayores conflictos docentes de los últimos años en la Comunitat Valenciana.
Un conflicto que viene de lejos
La convocatoria de huelga no responde únicamente al debate sobre los servicios mínimos en Bachillerato. Los sindicatos llevan meses denunciando un deterioro de las condiciones laborales del profesorado, con críticas a la falta de personal, el aumento de la carga burocrática y la ausencia de negociación con la Conselleria de Educación.
Además, las organizaciones sindicales reclaman una reducción de ratios, más inversión en recursos para los centros públicos y una planificación educativa consensuada. El malestar se ha intensificado en las últimas semanas tras las decisiones adoptadas por la Administración autonómica respecto a las evaluaciones finales y la organización de la Selectividad, lo que ha terminado por desencadenar uno de los mayores pulsos entre docentes y Generalitat de los últimos años.
