(SERGIO CASTELLOTE MARTÍN).- El president Mazón, en un acto de valentía e inteligencia institucional y política, ha neutralizado la ley de memoria democrática de 2017, la alter ego valenciana de la ley de memoria histórica, una de las muchas armas de destrucción masiva legislativas que Zapatero tuvo la agudeza de discurrir.
Pese a que este artículo no está pensado para ser una oda a la función de Carlos Mazón como president, que perfectamente podría dar para otro artículo, resulta laudable la astucia con la que el popular está llevando a cabo sus primeros pasos como gobernante. El gobierno valenciano está consiguiendo situarse como una referencia conservadora y liberal para toda España, así como una suerte de esperanza o luz al final del túnel para aquellos que todavía creemos en ciertos valores y en romper con la supremacía del marco ideológico de la izquierda.
Elogios al margen, y volviendo a la reflexión ideológica para la que es pretendido este escrito, la nueva ley de concordia que rompe con la ya difunta ley de memoria democrática, conseguirá probablemente lo que no ha logrado su antecesora, consolidar la reconciliación empezada con la transición. No es que la izquierda en estos últimos 20 años haya pretendido el ejercicio de dicha reconciliación, al contrario, se ha apostado desde sus gobiernos por un revanchismo histórico sin precedentes y una manipulación perversa de los momentos más duros de la historia de nuestro país.
La nueva ley de Concordia sepulta el sectarismo ideológico de la norma anterior con el compromiso de honrar y proteger la historia de España desde 1931, incluyendo aquellos actos terroríficos cometidos por el frente popular de izquierdas en la segunda república y que PSOE y Compromis no incluían en su ley. Además se incluyen también los pasajes del terrorismo islámico y etarra, pese a la pretendida amnesia que los mal llamados progresistas nos intentan inculcar.
El fin del segregacionismo ideológico que propugnaba la anterior normativa se plasma al compás con el reconocimiento de las víctimas de cualquier violencia acaecida en el territorio a lo largo de la historia reciente, independientemente de la ideología o régimen vigente en ese momento. Poniendo a disposición de las familias todas las herramientas disponibles para la localización de familiares desaparecidos durante aquellos tiempos, de nuevo con independencia de su credo o militancia. Valencia y España no merecen leyes revanchistas y excluyentes que no tengan en cuenta algo tan primario como que en la guerra civil el sufrimiento y la muerte fue igual para todos sin importar bando. Es un clásico de la izquierda española desde hace años ejercer de Torquemada, juzgando la historia a su antojo y manipulando la verdad para generar nuevos simpatizantes a través de la mentira y el enfrentamiento, ante la carencia de argumentos.
Estas consideraciones que se antojan a mi juicio de sentido común, no estaban contempladas en la anterior legislación, y esa ausencia es lo que convertía a la ley de memoria democrática en una espiral de despropósitos. Queda mucho trabajo por hacer en esta y muchas otras materias, y no me cabe duda que este gobierno valenciano y Carlos Mazón poseen la determinación para ello, como ha quedado patente. El objetivo no debe ser vencer, sino convencer, acrecentar el proyecto político y en un futuro esperemos no muy lejano, trasladarlo al resto de España.
