La proposición de ley ha sido aprobada por mayoría en el Congreso, con los votos a favor de PNV, PP, ERC y Bildu, la abstención de Vox y los votos en contra de PSOE, Sumar y Podemos. Ahora, se encuentra a la espera de ser ratificada en el Senado, controlado por el PP por lo que salvo alguna sorpresa, se espera que esté a punto de aprobarse una reforma legislativa que promete transformar la gestión de los okupas ilegales de viviendas.
Esta modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal agilizará los procesos judiciales relacionados con el allanamiento de morada y la usurpación, introduciendo un mecanismo de juicios rápidos. Una vez comience el juicio rápido, el proceso no superará los 15 días mencionados. El desahucio se realizará de forma inmediata tras la sentencia, sin estudio de vulnerabilidad.
La clave de esta reforma es la inclusión de los delitos de allanamiento de morada y usurpación en el sistema de juicios rápidos. Según la nueva normativa, una vez que un caso sea presentado ante el juzgado, debe resolverse en un plazo máximo de 15 días. Esto supondrá una reducción significativa frente a los meses o incluso años que suelen prolongarse actualmente estos procesos.
Sin embargo, aunque el tiempo de juicio se verá notablemente reducido, el desalojo efectivo no será inmediato. Los ocupantes condenados podrán recurrir la sentencia, alargando el proceso hasta que todas las instancias judiciales hayan emitido su veredicto. Por tanto, si bien se espera una mejora sustancial en los tiempos de respuesta, los desalojos aún dependerán de la complejidad de cada caso.
¿Cómo es la nueva ley «antiokupas»?
La nueva legislación se centra exclusivamente en los delitos de allanamiento de morada y usurpación. Los de allanamiento de morada afectan a la ocupación ilegal de viviendas que son el domicilio habitual de alguien. Este delito ya permitía desalojos expeditivos en ciertos casos, pero la reforma busca acelerar aún más los procedimientos.
Por su parte, la usurpación de inmuebles incluye viviendas deshabitadas o que no son la residencia principal del propietario. Este tipo de okupación solía requerir procesos judiciales largos, por lo que el cambio representa una mejora significativa.
Por otro lado, esta reforma no abarca las «inquiokupaciones», casos en los que un inquilino deja de pagar el alquiler pero se niega a abandonar el inmueble. Este tipo de disputas continuará gestionándose en la vía civil, un proceso que, según expertos, sigue siendo lento y costoso para los pequeños arrendadores.
¿Se puede echar a los «okupas» con hijos?
La ley otorga una protección especial a los niños, lo que produce que el proceso se dilate aún más. Cuando hay menores implicados, son los servicios sociales los que se encargan del estudio del caso y quienes deciden si hay o no una situación de desprotección socioeconómica del menor.
Impacto social y reacciones enfrentadas
La aprobación de esta ley ha generado posiciones divididas. Por un lado, los propietarios afectados, respaldados por asociaciones del sector, celebran la medida como un avance en la protección del derecho a la propiedad privada. Actualmente, según datos del Ministerio del Interior, se registran más de 15.000 delitos relacionados con la ocupación ilegal al año, con epicentros en ciudades como Barcelona, Madrid y Valencia. La posibilidad de recuperar sus inmuebles en plazos más cortos es vista como una solución esperada desde hace tiempo.
El contexto político y el futuro de la ley
El proyecto, promovido por el Partido Nacionalista Vasco (PNV) y respaldado por otras fuerzas políticas como el Partido Popular, está en su última etapa parlamentaria. Se espera que el Senado lo apruebe sin grandes modificaciones gracias a la mayoría que ostentan los partidos que apoyan la reforma. Una vez superado este trámite, la ley entrará en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
No obstante, el proceso parlamentario no ha estado exento de controversias. Partidos como EH Bildu y ERC, que inicialmente votaron a favor del proyecto en el Congreso, han calificado su decisión como un error y buscan revertir su apoyo. A pesar de estos intentos, la mayoría en el Senado dificulta cualquier cambio significativo.
