El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja ha dado un nuevo paso en la investigación sobre la gestión de la DANA que afectó a la Comunitat Valenciana. La magistrada instructora, Nuria Ruiz Tobarra, ha acordado citar a declarar como testigos a la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, y a otros 15 alcaldes y alcaldesas de municipios afectados, así como a la meteoróloga de À Punt, Victoria Rosselló. Así lo recoge una providencia notificada recientemente a las partes implicadas en el procedimiento.
Entre los citados figuran responsables municipales de localidades afectadas como Torrent, Cullera o Guadassuar, además de representantes de Cheste, l’Alcúdia, Riba-roja del Túria, Sot de Chera y otros municipios del área metropolitana de Valencia como Alfafar, Aldaia, Benetússer, Massanassa, Picanya y Quart de Poblet. También se cita a las ex alcaldesas de Requena y Chiva, Rocío Cortés y Amparo Fort.
Estas declaraciones, aún sin fecha confirmada, buscan esclarecer la actuación de los ayuntamientos y su coordinación con las administraciones autonómica y estatal durante la emergencia.
Además, la jueza resolverá en un auto aparte la solicitud de una acusación particular para citar como testigo a la periodista Maribel Vilaplana, quien comió el día de la DANA con el president de la Generalitat, Carlos Mazón. Sin embargo, todo apunta a que esta petición será rechazada debido a la condición de aforado del president y a la imposibilidad de investigar diligencias relacionadas con su actividad oficial en esa fecha.
LA JUEZA RECHAZA INVESTIGAR A MIGUEL POLO
Paralelamente, y a petición de la exconsellera investigada Salomé Pradas, también se ha llamado a declarar al arquitecto Julio Gómez-Perretta y al ingeniero de caminos Teodoro Velázquez, ambos participantes en la comisión de investigación sobre la DANA en el Senado.
En otra resolución, la magistrada ha rechazado investigar al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, y a varios altos cargos de Emergencias de la Generalitat. Ruiz Tobarra considera que la información aportada por la CHJ a través del sistema SAIH y las alertas enviadas a tiempo son suficientes, y no ve indicios de responsabilidad penal en su actuación.
La jueza sí ha sido especialmente crítica con las explicaciones ofrecidas por Pradas y su entonces número dos, Emilio Argüeso, a quienes atribuye una «manifiesta pasividad» en la gestión de la emergencia. Califica de «absurda» su versión de que permanecieron aislados en el Cecopi sin acceso a información, a la vez que excluían de la toma de decisiones a otros responsables.
