La jueza Nuria Ruiz Tobarra, titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja, ha acordado una nueva remesa de citaciones en calidad de testigos dentro de la causa penal que investiga la gestión de la grave DANA que asoló la provincia de Valencia el 29 de octubre, dejando 228 víctimas mortales y cuantiosos daños materiales.
En esta ocasión, trece personas han sido llamadas a declarar, entre ellas figuras de relevancia en la gestión de emergencias de aquel día. Destaca la citación de Miguel Polo, presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), y José Miguel Basset, ex jefe del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia.
También comparecerán altos cargos de Emergencias como Jorge Suárez, subdirector general; Alberto Javier Martín, director general de Emergencias y Extinción de Incendios; e Inmaculada Piles, jefa del servicio de coordinación del 112.
La decisión responde a la petición presentada por la defensa de Emilio Argüeso, ex secretario autonómico de Emergencias, quien solicitó que algunos de estos cargos fueran citados como investigados. Sin embargo, la magistrada ha rechazado dicha posibilidad al considerar que «no concurren indicios de delito que justifiquen dicha condición» para los citados.
TRES ALCALDES DECLARARÁN COMO TESTIGOS
Entre los testigos también figuran las alcaldesas de Paiporta y Catarroja, Maribel Albalat y Lorena Silvent, así como el alcalde de Sedaví, Josep Francesc Cabanes. Se suman a la lista Aurora Roca, técnica de Comunicación de Emergencias; Raúl Quílez, director de la empresa pública SGISE; y Rosa María Touris, directora general de Prevención de Incendios Forestales. Asimismo, han sido citadas Cristina Sola, comisaria de Aguas de la CHJ, y la comisaria jefa de la Unidad Adscrita de la Policía Autonómica.
La jueza ha emitido además varios autos en el marco de esta investigación. Entre ellos, ha autorizado la personación de Compromís e Intersindical Valenciana como acusación popular, previa fianza de 6.000 euros. También se ha desestimado la solicitud de acceder indiscriminadamente a los audios de las llamadas al 112, protegiendo el secreto de las comunicaciones.
