El alcalde de Torrent, Jesús Ros, ha comparecido esta mañana en el consistorio municipal para informar del archivo por parte del juez de la querella criminal interpuesta por el portavoz de Compromís contra el edil socialista. Esta acusaba al regidor de prevaricación administrativa omisiva por no cumplir la Ley de Grandes Ciudades.
El auto hecho público hoy está firmado por el juez del Juzgado de Instrucción nº 2 de Torrent. Responde a la demanda presentada por Pau Alabajos, representante municipal de Compromís, el pasado mes de marzo. En ella este grupo denunciaba al alcalde por no haber creado determinados órganos obligatorios incluidos en la Ley de Grandes Ciudades.
Tras las pertinentes investigaciones y la citación a declarar al alcalde el pasado 8 de julio, el juez no llamo a nadie más. Y es que el auto que hoy se ha dado a conocer está fechado a 19 de julio. En él, el juez explicita que «no existen indicios de responsabilidad penal en la actuación denunciada. La falta de desarrollo de dichos órganos constituye legítimo objeto del debate político, pero no procede su traslación a la jurisdicción penal.»
Así, el magistrado asume las tesis expuestas por Ros. Este había indicado que las dificultades presupuestarias y las restricciones de la ley de contratación pública imposibilitaron una mayor celeridad al poner en marcha estos órganos. Además de que, se debía tener en cuenta la pandemia de la COVID-19 y el bloqueo que supuso.
“Estábamos tranquilos respecto al resultado, pero es una buena noticia que haya sido tan rápido», aseguró el alcalde. Ros ha querido destacar también que «esta no es forma de hacer política y el juez se lo ha explicado de manera muy clara”.
UN ATAQUE PERSONAL AL ALCALDE JESÚS ROS
Junto con el alcalde, estuvo presente en la rueda de prensa Andrés Campos, portavoz socialista en el Ayuntamiento. Este exigió a Alabajos que «que acabe ya este ataque personal porque no vamos a perder ni un minuto más con él». Además ha acusado al portavoz de la coalición valencianista de «demostrar un profundo desconocimiento de cómo funciona la administración».
El juez ha destacado en el auto que el retraso en la creación de los órganos es previo a 2015. «Desde el inicio ya se produjo un patente retraso en el desarrollo de los acuerdos y en la aplicación de la Ley», asegura. Así, «en dichas fechas la corporación era regida por otro grupo político de signo opuesto» y «no consta que se realizaran requerimientos» en ese momento, afirma el magistrado.
