La consellera de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio, Salomé Pradas, ha defendido que la futura Ley de Protección y Ordenación de la Costa Valenciana «permitirá compatibilizar al máximo la protección ambiental y los usos económicos» del litoral.
Pradas se ha expresado en estos términos durante su intervención en la constitución del Foro de Municipios de Costa organizado por la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) en Burriana. En él ha señalado que la futura medida también servirá para regular «las actividades económicas sostenibles que puedan ejercerse con seguridad».
Al mismo tiempo, considera que «protegerá firmemente nuestros valores naturales, nuestra costa y garantizará tanto la seguridad jurídica de los propietarios como el desarrollo económico».
La consellera ha recordado que la elaboración de una ley de costas autonómica complementará a la estatal «y que en ningún momento pretende sustituirla«. Según Pradas, ofrecerá «soluciones normativas ajustadas a las competencias estatutarias en las materias de ordenación territorial, ordenación del litoral, urbanismo, medio ambiente, administración de costas o puertos”.
Esta medida es necesaria porque, a juicio de la consellera, la realidad de la costa de la Comunitat Valenciana «no ha sido atendida desde el Gobierno central«. Además, ha criticado que «los ayuntamientos tampoco reciben la atención que merecen del Ejecutivo, que demasiadas veces se ha dedicado a ejecutar políticas sin tener en cuenta la realidad de la costa».
61 ACTUACIONES PENDIENTES DESDE 2011
En este sentido, la titular de Medio Ambiente ha recordado que ahora mismo en la Comunitat Valenciana están proyectadas y presupuestadas un total de 61 actuaciones de protección y regeneración costeras pendientes desde el año 2011. Estas se concentran entre Castellón y Sagunt, por un lado, y, entre Valencia y Dénia por otro. «Pues bien, de todas ellas, solo están terminadas las de Nules, Almenara, el Saler y Les Deveses de Dénia», ha afirmado.
A ello hay que sumar «otras injusticias como los deslindes que se hacen sin el consenso de los vecinos, como el último llevado a cabo en Tavernes de la Valldigna». «No puede ser que se utilice de base un reglamento que ya ha sido tumbado en los tribunales para llevar a cabo los deslindes. Nos tendréis a vuestro lado para reclamar que se dejen de lado los criterios más arbitrarios y que imperen tanto los preceptos técnicos como el sentido común».
Por todo ello, Pradas ha defendido que la norma autonómica «es necesaria«. «Debe ser la Generalitat, la que tome las decisiones en el marco de sus competencias en ordenación territorial, con respeto absoluto al dominio público marítimo-terrestre que es responsabilidad del Gobierno”.
De ahí que, con la nueva ley, «será la Generalitat la que decida sobre todas las autorizaciones y concesiones en la costa». El objetivo es «proteger al máximo nuestros núcleos costeros tradicionales dándoles el valor etnográfico que tienen y facilitar canales para que los afectados por los deslindes de dominio público tengan alternativas que puedan minorar los efectos que causan», ha concluido.
