El impacto de la DANA en cifras: destrucción de 17.000 millones de euros en activos valencianos
Dos personas observan el barranco del Poyo a su paso por Paiporta. / BIEL ALIÑO (EFE)

La DANA del pasado 29 de octubre ha tenido un impacto económico y social sin precedentes en la provincia de Valencia. Según el informe elaborado por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie), al menos el 20% del valor de los activos públicos y privados en los 89 municipios afectados podría haberse perdido, lo que se traduce en una destrucción de riqueza de más de 17.000 millones de euros.

El estudio se centra en los 89 municipios afectados, excluyendo la ciudad de Valencia, ya que los daños en esta se limitan a sus pedanías del sur. Estos municipios concentran el 35% del valor total de los activos de la provincia, estimado en 85.900 millones de euros.

L’Horta Sud y la denominada «zona cero», formada por 15 localidades gravemente dañadas, destacan como las áreas más afectadas. Estas zonas han experimentado un crecimiento demográfico exponencial desde los años 60, duplicando su población hasta superar el millón de habitantes. En l’Horta Sud, este crecimiento ha alcanzado el 200%, incrementando la densidad poblacional hasta seis veces más que la media provincial.

La concentración de población y activos productivos en un territorio históricamente vulnerable a las inundaciones ha resultado en pérdidas significativas. El 65% de los activos afectados corresponden a viviendas, mientras que el 35% restante incluye infraestructuras públicas y privadas.

Además, los sectores económicos más golpeados han sido la hostelería, el comercio, las manufacturas y las actividades recreativas, con porcentajes de trabajadores acogidos a ERTE superiores al 30% en algunos casos. Según datos recientes, entre el 30 de octubre y el 8 de enero de 2025, los ERTES han afectado a 30.584 trabajadores, de los cuales 14.539 pertenecen a l’Horta Sud y 13.786 a la zona cero.

Fuente (IVIE).

LA FALTA DE INVERSIÓN, UN AGRAVANTE DEL DESASTRE

El informe del Ivie señala que el impacto de la DANA se ha visto amplificado por la insuficiente inversión en infraestructuras hidráulicas en la provincia de Valencia durante los últimos 15 años. Tras la crisis económica de 2008, los recortes en gasto público redujeron la inversión en este ámbito un 75%.

De un promedio anual de 200 millones de euros destinados a infraestructuras hidráulicas, la cifra cayó a menos de 50 millones desde 2011, una tendencia que se ha mantenido en años recientes.

Esta reducción ha provocado un estancamiento en la construcción de nuevos proyectos y un deterioro del capital hidráulico acumulado, dejando al territorio particularmente expuesto a las inundaciones. Además, el aumento de áreas urbanizadas en suelos que anteriormente eran agrícolas ha reducido la permeabilidad del terreno, intensificando el impacto de las lluvias torrenciales.

IMPACTO ECONÓMICA Y SOCIAL A LARGO PLAZO

Además de las pérdidas materiales iniciales, la DANA tendrá consecuencias duraderas para el desarrollo de los municipios afectados. Las interrupciones en la actividad productiva y el daño a infraestructuras clave limitarán el crecimiento económico más allá de 2024.

Los 89 municipios afectados representan el 40% de la población de la provincia, el 35,6% de sus empresas, el 30,7% del empleo y el 29,7% de su PIB. Esto convierte a la zona en un motor económico cuyo deterioro tendrá repercusiones significativas en la economía valenciana.

La incertidumbre sobre las pérdidas totales y su impacto en el PIB refleja la falta de datos precisos a nivel municipal. Algunas estimaciones apuntan a una reducción de hasta una décima en el crecimiento del PIB nacional, lo que equivaldría a 1.600 millones de euros. Sin embargo, otras predicciones más conservadoras sitúan el impacto en dos décimas del PIB autonómico, unos 300 millones de euros.

La DANA ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad de la provincia de Valencia frente a fenómenos meteorológicos extremos y la necesidad urgente de una estrategia integral de reconstrucción y prevención. Más allá de las cifras económicas, este desastre natural es una oportunidad para repensar las políticas de inversión y planificación territorial, adaptándolas a un contexto de cambio climático y riesgo creciente.