Tras su paso por las togas, el magistrado valenciano Fernando de Rosa continúa escalando en su carrera política donde el pasado verano cambió el Senado por el Congreso de la mano de Esteban González Pons.
El ahora diputado nacional del Partido Popular por la provincia de Valencia presenta una trayectoria profesional intachable. El reconocido magistrado dio el salto a la política en 2003 cuando el expresidente de la Comunitat Valenciana Francisco Camps lo nombró secretario de Justicia de la Generalitat.
Poco después, en 2007, De Rosa ocupó la cartera de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas de la Generalitat. Tras este paso fue nombrado vocal del Consejo General del Poder Judicial a propuesta del Congreso de los Diputados y en 2015 tomó posesión como presidente de la Audiencia Provincial, cargó que ostentaría hasta que en 2019 solicitó la excedencia voluntaria en la carrera judicial.
Ahora tras cuatro años en el Senado, De Rosa da el salto político al Congreso de los Diputados. El magistrado considera que España necesita «un proyecto para que se consolide el Estado de Derecho» y asegura que su objetivo es contribuir con su «granito de arena» para que el presidente del Gobierno sea Alberto Núñez Feijóo.
Usted ha sido conseller, juez, senador y ahora diputado nacional, ¿cómo está viviendo esta nueva etapa?
Bueno, lo estoy viviendo con intensidad porque creo que estamos en un momento clave para la democracia y el Estado de Derecho, pero realmente lo que se quiere denunciar es que la propia presidenta del Congreso, Francina Armengol, tiene atado de pies y manos al Congreso. No permite que se reúna la mesa, no permite que se constituyan las comisiones, no permite que hagamos control al Gobierno, aunque esté en funciones.
Estamos viendo situaciones muy complejas a nivel internacional y nacional y no permite que haya ninguna sesión de control, que comparezcan ministros o que comparezca algún miembro del Gobierno, lo cual a mí me preocupa como ciudadano, como demócrata y también como jurista. Creo que estamos ante una devaluación del Estado de Derecho propiciado por ese autoritarismo que yo detecto en la propia presidenta del Congreso de los Diputados.
Su llegada al Congreso ha coincidido con el nuevo uso de las lenguas cooficiales, ¿está dificultando las sesiones?
No porque solamente hemos tenido dos sesiones. La primera fue con la propia aprobación, lo cual jurídicamente es absurdo, es decir, antes de aprobarse la presidenta ya permitió que se aplicara esa norma, lo cual es inaudito desde un punto de vista jurídico porque primero se aprueba la ley y luego se aplica. Esta señora (en referencia a Armengol) consideró que primero se aplicaba y luego se aprobaba. Y la segunda sesión fue en el debate de investidura del presidente Feijóo que también se utilizó.
Pero lo que yo observo es que incluso los propios diputados socialistas son muy remisos a utilizar el pinganillo. Por ejemplo, los idiomas gallego, catalán o valenciano perfectamente se pueden seguir, lo que cuesta un poco más es el vasco pero los propios diputados del PNV y de Bildu utilizaron muy poco sus idiomas, lo cual implica que efectivamente hay una lengua común que es el castellano, el que todos entendemos. Al fin y al cabo el Congreso es la cámara donde tenemos que entendernos todos y creo que es un debate más de la necesidad que tenía Sánchez para obtener unos réditos con sus futuros socios, que una realidad o una necesidad del parlamentarismo en España.
¿Cree que habrá investidura de Sánchez o España volverá a las urnas en enero?
Bueno, eso solamente lo sabe Puigdemont. Yo creo que Pedro Sánchez está haciendo todo lo posible, fotos incluidas, con personas que han sido condenadas por colaboración con terrorismo, como es la portavoz de Bildu, incluso llamando por teléfono a una persona que ha sido condenada por dar un golpe de estado en Cataluña como Junqueras, o mandando a la vicepresidenta a hacerse la foto con una persona que es prófuga de la justicia española.
Pedro Sánchez está cruzando toda la línea roja, pero ya hemos visto que con cada línea roja que pasa, el precio sube. Ya hemos visto cómo el PNV ahora exige que se deben transferencias de la Seguridad Social, romper la caja única de la Seguridad Social, porque como ve estamos ante una subasta, suben el precio.
Ahora Junts y ERC como lo de la amnistía consideran que ya lo tienen concedido, lo que piden es incluso que se comprometa al Estado a pedir perdón por el golpe de estado que ellos dieron e incluso se habla de un referéndum de autodeterminación. Con lo cual, creo que Pedro Sánchez ha empezado un camino que lleva a un precipicio personal. ¿Dónde parará? Parará donde sus socios estén satisfechos por el momento, luego quedarán cuatro años, en el caso que sea investido, muy complejos y muy complicados.
¿Cuál es su opinión al respecto sobre las negociaciones con los independentistas que pasaría por una amnistía?
El Gobierno se dedica a mandar mensajes de que todo va a ser bajo el paraguas de la Constitución. No olvidemos que se saltaron la Constitución y hay condenas expresas del Tribunal Constitucional. Unir la palabra ‘amnistía’ con la palabra ‘convivencia’ creo que es una falacia. No olvidemos que la amnistía va a perdonar delitos que se cometieron y eso no podemos permitirlo.
Hace unos meses se hablaba de que de ser Feijoo presidente del Gobierno usted podría liderar la cartera de Justicia, ¿se ve como ministro?
(ríe) No, no, en absoluto. Yo quiero contribuir con mi granito de arena ahora y en el futuro para que el presidente del Gobierno sea Alberto Núñez Feijóo. Todo lo demás es totalmente circunstancial, las personas somos totalmente prescindibles, lo importante es un proyecto y lo importante es que ojalá hubiera habido suficientes diputados para gobernar, faltaron cuatro para poder tener esa mayoría alternativa y que la investidura hubiera salido. Creo que todos debemos contribuir sin pretender nada solamente para que se consolide el Estado de Derecho y que haya una democracia y no esa deriva autoritaria que yo personalmente creo que tiene el Gobierno de Pedro Sánchez.
