La Fundación Zaballos se une a la iniciativa promovida e iniciada por la plataforma El Día Después y un total de 11 abogados de distintas partes de España, para presentar ante el Tribunal Supremo una querella contra cada uno de los 23 miembros del Consejo de Ministros, en nombre de más de 3.000 familias que han perdido a una o más personas como consecuencia del COVID-19.
En la querella se imputa al Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a cada uno de los ministros. Se les acusa de homicidio imprudente en la gestión de la pandemia del coronavirus calificada de «irresponsable» y «nefasta». El Artículo 142 del Código Penal castiga este delito con penas de hasta 4 años por cada homicidio. Por ello, desde Zaballos afirman que en este caso podrían llegar a 6 años para algunos.
Hasta el momento, 3.268 familias han manifestado el deseo que querellarse. Sin embargo, actualmente son 116 las que se han personado. A las demás se les ha negado el Certificado Médico de Defunción, necesario para interponer la acción. No obstante, disponen de un plazo de varios meses para poder entregarlo y así unirse a la querella.
Los firmantes han explicado que van a pedir para cada imputado una pena de entre tres meses y quince años. Esto dependerá de la calificación final por cada uno de los fallecidos. Además, también podrían ampliar la querella con delitos de prevaricación y omisión del deber de socorro. Del mismo modo, se podría incluir a asesores de Sanidad e incluso al director del Centro de Coordinación de Emergencias, Fernando Simón.
