Save the Children ha presentado su nuevo informe “Ojos que no quieren ver”, con un anexo específico para la Comunitat Valenciana, donde ha analizado los abusos sexuales a menores a través de más de 200 sentencias judiciales. El informe alerta de que tanto en la Comunitat como en el resto de España el abuso sexual se extiende de media cuatro años, lo que demuestra que aún no existen las herramientas necesarias para prevenir y detectar los abusos ni para que el niño o niña pueda denunciarlos.
Que haya niños sufriendo abusos sexuales que no son detectados, que estos abusos se alarguen durante años o que, aunque se detecten, haya niños que siguen en contacto con su agresor y que no son protegidos se debe a una serie de fallos y debilidades en la respuesta de las administraciones públicas tanto en la prevención, detección, el proceso judicial como en la atención y tratamiento psicológico a las víctimas.
Así, las denuncias por abusos sexuales a menores en la Comunitat Valenciana aumentaron un 19,2% el pasado año, pasando de 547 en 2015 a 652 denuncias en 2016, según datos del Ministerio del Interior. A pesar de estas cifras, la mayoría de los casos (cerca del 85%) siguen permaneciendo ocultos.
El problema de la educación sexual tardía
Otro aspecto a destacar es que más de la mitad de las víctimas de delitos contra la libertad sexual de la Comunitat Valenciana en 2015 era menor de 13 años, un hecho que abre el debate sobre la necesidad de instaurar la educación afectivo sexual en la enseñanza reglada y en edades tempranas, al contrario de lo que ocurre ahora. En la actualidad, la educación sexual se imparte a partir de los 12 años y no en todas las escuelas.
“A pesar de que en la Comunitat Valenciana de manera pionera se ha rebajado el inicio de la educación sexual a los 12 años gracias a la modificación del Plan Integral de Educación Sexual (PIES) en 2017, desde Save the Children pensamos que continúa siendo insuficiente, ya que más que la mitad de los delitos contra la libertad sexual se producen entre los 0 y los 13 años”, afirma Rodrigo Hernández, responsable de la organización en la Comunitat Valenciana. “En la Comunitat Valenciana muchos de los profesionales que más tiempo pasan con los niños no tienen formación específica sobre abusos sexuales y muchas veces no saben reconocer lo que está pasando, por lo que no se puede garantizar la absoluta protección del niño o niña”, agrega.
Denunciar y llevar el caso a los tribunales tampoco es una garantía de protección para el menor que ha sido víctima de abuso. El proceso judicial dura de media tres años, en los que los niños tienen que repetir su declaración hasta cuatro veces y en la mayoría de casos en juicios a puerta abierta. Además del trauma que supone para el niño, declarar en estas condiciones suele llevar a que los testimonios no sean tenidos en cuenta y el caso sea sobreseído, lo que ocurre en casi 8 de cada 10 procesos en la Comunitat Valenciana, provocando que el abusador pueda seguir en contacto con el niño.
Suspensión por falta de causas
Así, la mayoría de procesos judiciales abiertos en la comunidad se suspenden por falta de causas que justifiquen la acción de la justicia, una ratio que se sitúa concretamente en un 75,6% y que estaría por encima de la media estatal, con un 72,2%. Además, distaría mucho de la ratio de algunas comunidades autónomas, como es el caso de Baleares (31%), Extremadura (52,6%) o Castilla- La Mancha (57,1%).
Estos sobreseimientos tienen mucho que ver con que, para que un testimonio sea válido, no tiene que haber retractación ni interés en mentir y debe haber alguna forma de corroborar la declaración. Estas tres condiciones son complicadas de cumplir en el caso de los niños, y mucho más si tenemos en cuenta que más de la mitad son menores de 13 años, que a veces al ver la reacción de los adultos o por no querer enviar al acusado a la cárcel – que suele ser familiar o conocido-, se retractan y, sobre todo, porque es muy complicado que haya testigos del abuso.
Si no hay testigos la responsabilidad de dar credibilidad al niño recae en manos de los psicólogos forenses que muchas veces no usan métodos científicos en el proceso y, en el caso de la Comunidad Valenciana, no se les exige estar especializados en la atención a menores de edad.
