La okupación es el fenómeno que más quebraderos de cabeza da a los propietarios de viviendas. El movimiento okupa va en una marcada línea ascendente que se ha intensificado en los últimos meses en España. De ese crecimiento, la Comunitat Valenciana fue líder en 2022 según los últimos datos facilitados por el Ministerio del Interior que revelan un ascenso del 13,8% de okupaciones respecto del año anterior.
Ante el incremento de las cifras, el temor entre los propietarios también es mayor y cada vez son más los que buscan algún respaldo legal ante situaciones de okupación, un delito tipificado en el Código Penal.
«El propietario que saca su piso al mercado del alquiler quiere dos cosas: recibir las mensualidades y no tener problemas. Pero el miedo siempre está ahí», explica Alberto Añaños, CEO de la plataforma de alquiler para estudiantes LIVE4LIVE.
Ese temor a la okupación se extiende hasta los casos de alquiler para personas jóvenes, pese a que en este tipo de opción el porcentaje de problemática se reduce drásticamente.
GASTO EXTRA Y TARDANZA EN RECUPERAR LA VIVIENDA
Además de la okupación, los propietarios se ven sobrepasados por el gasto que supone la post-okupación. Entre ausencia de cobro mensual, proceso judicial, gastos de luz y posibles destrozos, generan para el arrendador un desembolso que puede superar los 20.000 euros.
La incertidumbre se agrava si se tiene en cuenta que se puede ralentizar el proceso de devolución de las viviendas a sus legítimos propietarios entre 18 y 24 meses.
Para los okupas, si no existe violencia, se tratará de un delito leve de usurpación donde apenas se contemplan penas de cárcel aunque sí multas económicas. Si la okupación de la vivienda se ha efectuado con violencia o sin autorización, sí se trata de un delito de usurpación de bienes inmuebles penado con hasta 2 años de prisión.
