Manuel Murillo, el francotirador y vigilante de seguridad que planeó asesinar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, deberá cumplir siete años y medio de prisión. La Audiencia Nacional ha condenado a Murillo por un delito de homicidio en grado de proposición y por depósito de armas de guerra. Además, tendrá prohibido la tenencia y porte de armas durante ocho años.
Los hechos se remontan a junio de 2018 en pleno proceso de la exhumación de los restos de Franco. Fue entonces cuando Murillo comenzó a hacer público su desacuerdo con la decisión del Gobierno a través de un grupo de Whatsapp llamado «Terrasa por España».
En dicho grupo de discusión, el acusado confesó en reiteradas ocasiones su intención de matar a Sánchez. «Fue interiorizando que la solución para producir un cambio en la situación política española pasaba por causar la muerte del presidente, para lo que se empeñó en requerir ayuda a terceras personas para llevarlo a cabo», reza la sentencia.
A pesar de que el plan nunca llegó a completarse, los magistrados han tachado a Murillo de «alta peligrosidad». A este se le incautaron una veintena de armas: 13 reglamentarias y siete prohibidas. Entre ellas se encontraba además un fusil Cetme, un arma de guerra que reconoció como propia durante el juicio. A esto se suma la afición del acusado por el tiro deportivo, una práctica que realizaba con regularidad.
La Audiencia Nacional no ha admitido la tesis de que todo fuese palabrería de Murillo. Además, no ha podido probarse que el acusado tuviese alteraciones psíquicas. Del mismo modo, se ha descartado que estuviese bajo el consumo de alcohol o medicamentos.
