Mientras las temperaturas veraniegas baten récords en toda España, algunos vecinos viven auténticos infiernos con fachadas de bloques de viviendas que llegan a alcanzar temperaturas superiores a los 50º. Así lo revela un informe de Greenpeace en el que se evidencia una realidad muchas veces invisible: la pobreza energética durante el verano afecta ya a una de cada dos familias vulnerables en el país.
En la Comunitat Valenciana, el problema no es menor: el 18,5% de los hogares, unas 360.000 familias, no pueden mantener su vivienda a una temperatura adecuada durante los meses de calor, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).
El informe, titulado ‘Somos más pobres en verano‘ y elaborado junto a Ecodes, revela que la pobreza energética en los meses cálidos casi duplica la registrada en invierno. Aunque tradicionalmente se ha asociado esta problemática al frío, los veranos cada vez más extremos y el deficiente aislamiento térmico de los hogares están convirtiendo el calor en una amenaza constante para la salud y el bienestar.
Cámaras termográficas exponen la crudeza del calor
Para evidenciar la magnitud del problema, Greenpeace ha realizado una serie de inspecciones con cámaras termográficas en distintas ciudades españolas, entre ellas Valencia. Las imágenes, tomadas en barrios con alta densidad de población y baja calidad constructiva, muestran cómo el calor se filtra sin resistencia a través de ventanas, cubiertas y paredes, alcanzando hasta 48º en superficies interiores.
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En las imágenes de las cámaras termográficas puede observarse un edificio de los años 80-90 de Paterna sometido a alta exposición solar y con escaso aislamiento térmico, un hecho que transmitirá gran parte de calor al interior. A pesar de que la temperatura ambiental exterior es de 32º, la fachada alcanza los 48,9º.
«Nuestras viviendas, que deberían ser nuestro primer y más importante refugio en un clima cada vez más cálido, se convierten en radiadores permanentes en verano, debido al pésimo aislamiento del 95% de las casas. Esto nos obliga a elegir entre afrontar elevadas facturas eléctricas para intentar enfriarlas, con las consiguientes emisiones asociadas para el planeta, o a sufrir día y noche el insoportable calor de casas convertidas en hornos», ha declarado María Prado, responsable de campañas del Área de Clima, Energía y Movilidad de Greenpeace España.
El precio del calor: entre arruinarse con el aire acondicionado o sufrir en silencio
Uno de los factores clave que explica la pobreza energética en verano es el mal aislamiento térmico de la mayoría de los edificios: más del 90% del parque de viviendas en España fue construido antes de que existieran normativas de eficiencia energética.
Esto obliga a las familias a tomar decisiones extremas: pagar facturas eléctricas imposibles o aguantar temperaturas insalubres. El problema es aún más grave en viviendas en régimen de alquiler, donde las reformas para mejorar la eficiencia térmica no dependen directamente de los inquilinos. En el caso de los hogares vulnerables, el 77% viven en alquiler, lo que incrementa la dificultad de adaptación.
En la Comunitat Valenciana, este dilema se repite en barrios obreros y zonas con altos índices de pobreza. Organizaciones como Save The Children advierten que 170.000 niños y niñas en la región se enfrentan a estos episodios de calor extremo dentro de sus hogares.
«Aunque asociamos pobreza energética al invierno, hay muchas más familias que no pueden mantener su vivienda a una temperatura suficientemente fresca en verano que caliente en los meses invernales. Somos mucho más pobres desde el punto de vista energético en verano, y es un problema generalizado», resalta Prado.
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La responsable de Greenpeace denuncia que quien puede «paga muchísimo más de lo que debería por enfriar su casa». Por el contrario, recuerda que aquellos con imposibilidad de afrontar estos pagos viven «condenados al infierno del verano también en casa».
Unas ayudas que no llegan a todos
En la misma línea se pronuncian desde Cruz Roja, quienes observan cómo las sucesivas olas de calor afectan especialmente a los más vulnerables. «La mayoría de las personas que atendemos viven en régimen de alquiler, lo que limita las posibilidades de realizar mejoras estructurales en las viviendas. En muchos casos, las únicas medidas a su alcance son la compra de ventiladores o, en los casos más privilegiados, el uso puntual del aire acondicionado, con el consiguiente impacto en la factura eléctrica», destaca Irene Parra, responsable provincial de Medio Ambiente.
Respecto a las ayudas para rehabilitar o mejorar el aislamiento térmico de las viviendas más desfavorecidas, el movimiento humanitario explica que dependen de la autorización de las personas propietarias, un hecho que supone «una barrera adicional».
«En los casos en los que hemos podido intervenir con mejoras, se trata mayoritariamente de viviendas en propiedad, muchas veces heredadas, donde residen personas mayores y que presentan un aislamiento deficiente debido a su antigüedad«, explica Parra.
Emergencia social, climática y de salud pública
Más allá de la incomodidad, el calor en el interior de las viviendas representa un serio riesgo para la salud pública. El exceso de temperatura puede provocar golpes de calor, deshidratación, empeoramiento de enfermedades crónicas y, en casos extremos, la muerte.
«Estamos ante una emergencia de salud pública. El calor también mata, y condenar a las familias a elegir entre pasar calor extremo o arruinarse con la factura eléctrica es una violación del derecho a una vida digna. Dinero hay, soluciones también. El Gobierno debe actuar ya», remarca Prado.
Greenpeace urge al Gobierno central y a las comunidades autónomas a poner en marcha una rehabilitación masiva de viviendas que incluya aislamiento térmico, ventilación eficiente y el uso de energías renovables. Estas medidas no solo reducirían la exposición al calor, sino también la dependencia de combustibles fósiles y las emisiones contaminantes.
«La mejor forma de luchar contra este empobrecimiento generalizado es exigir la mejora del aislamiento de nuestras casas e introducir soluciones renovables y eficientes que ahorran dinero y nos ayudan a luchar contra el cambio climático. El Gobierno debe dejar de financiar a los combustibles fósiles, que causan esta crisis social y ambiental, y poner el dinero al servicio de las soluciones que benefician a todas las personas», resalta la responsable de Greenpeace.
Valencia, una región vulnerable y en riesgo climático
La Comunitat Valenciana es especialmente sensible a los impactos del cambio climático. Con veranos cada vez más largos y calurosos, la región ya ha registrado varios episodios de olas de calor con temperaturas por encima de los 42º en las últimas semanas.
A esto se suma la alta densidad de viviendas construidas durante el boom inmobiliario con criterios poco exigentes en eficiencia energética. Muchas de estas edificaciones, ubicadas en zonas urbanas como Valencia capital, Alicante o Elche, carecen de aislamiento adecuado y sistemas de refrigeración eficientes.
Además, el modelo urbanístico de algunos barrios, con escasa vegetación y zonas verdes, contribuye a amplificar el efecto «isla de calor», que eleva la temperatura media varios grados por encima de la registrada en zonas rurales o con sombra natural.
Desde Cruz Roja recomiendan a las familias más afectadas ventilar sus viviendas a primera hora del día, mantener las persianas bajadas y cerrar las ventanas durante las horas de más calor. Pese a todo ello, apuntan que en muchas ocasiones aplicar todas estas medidas «no siempre es suficiente». «La emergencia climática está agravando las desigualdades existentes, y es fundamental seguir trabajando en soluciones estructurales que garanticen el derecho a una vivienda digna y saludable para todas las personas», sentencian.
