La consellera de Justicia y Administración Pública, Gabriela Bravo, defendió ayer la nueva Ley de Función pública que pretende «garantizar que el valenciano sea de obligado conocimiento por todo el personal de la Administración Pública».
La dirigente justificó la implantación de esta norma con la finalidad de poder garantizar el derecho de todos los ciudadanos a dirigirse en el idioma que deseen a la Administración.
Entre los objetivos de la ley destaca la racionalización de las oposiciones, la reducción “drástica” de cuerpos y escalas de 201 a 91, la mejora de la movilidad interna, la bajada de la alta tasa de interinidad, contratar a 5.000 funcionarios para “evitar que la administración colapse”, afrontar las 5.000 jubilaciones que se esperan en la próxima década y “cambios profundos en el reclutamiento para hacer más atractivo el empleo público”.
Los grupos de la oposición (PP, Ciudadanos y Vox) arremetieron ayer con dureza, contra el gobierno del Tripartito, reclamando que la norma no inicie el trámite parlamentario, ya que finalmente el sector sanitario no quedaría exento de dicho requisito lingüístico.
Tal y como argumentaron los portavoces de los distintos grupos de la oposición, en el antreproyecto de la ley presentado, Ximo Puig, defendió que el requisito exigido a los funcionarios tuviera excepciones en ámbitos como el de la sanidad o de la investigación, sin embargo, con la nueva norma, todo aquel que quiera ser médico en la Comunitat se verá obligado a saber valenciano.
La oposición cree que la nueva norma arrincona el castellano entre los funcionarios
El Partido Popular alegó que la norma impone el valenciano y excluye a aquellos trabajadores que provienen de zonas castellanohablantes.
Ciudadanos, por su parte, exigió a la consellera que no ceda ante el chantaje de Compromís y Podemos.
José María Llanos, líder de Vox, solicitó al Consell que corrija su “evidente sesgo ideológico” y deje e imponer “más barreras y más desigualdades entre españoles”.
Por lo tanto, hasta que se elabore el documento definitivo, los médicos de la Comunitat no sabrán si para poder ejercer se les exigirá, como al resto de funcionarios valencianos, conocer las dos lenguas cooficiales de la Comunidad.
