El presidente de la Federación de Taekwondo de la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Cobo, ha advertido de la compleja situación que atraviesa la Federación Española de Taekwondo, marcada por tensiones internas y procedimientos judiciales en curso. Así lo ha expuesto durante una entrevista en la que ha abordado las dificultades en la relación entre ambas entidades.
En su paso por el sofá de Valencia en Abierto, el dirigente autonómico ha subrayado la gravedad de la situación, la cual ya tenía un precedente muy reciente. «Es incomprensible que gente así siga al frente de una federación y, presuntamente, delinquiendo», ha sentenciado el mandatario.
Contexto judicial de la Federación Española
Un juzgado de Alicante ha abierto recientemente una nueva investigación penal contra la cúpula de la Federación Española de Taekwondo por un presunto fraude en la gestión de subvenciones públicas. Este procedimiento se suma a otra causa anterior, ya finalizada en fase de instrucción y pendiente de juicio en la Audiencia Provincial, centrada en hechos ocurridos entre 2009 y 2016.
En ambas causas figuran como investigados el presidente de la federación, Jesús Castellanos Pueblas; el secretario general, José María Pujadas Fernández; el exgerente, Miguel Pérez Otín; y la actual gerente, Alicia Sancho Carbonell. En el primer procedimiento también está acusado el expresidente de la federación valenciana, Victorino Pizarro.
La Fiscalía ha atribuido a estos responsables un supuesto desvío de fondos cercano a los 700.000 euros procedentes de ayudas del Consejo Superior de Deportes. Además de las penas de prisión, de diez años y medio en algunos casos, se han solicitado indemnizaciones, multas e inhabilitaciones por delitos vinculados a la gestión irregular de subvenciones, falsedad documental y administración desleal.
La nueva línea de investigación se basa en la sospecha de que estas prácticas no se habrían limitado al periodo ya analizado, sino que podrían haberse prolongado en el tiempo. Ante este escenario, la Federación de Taekwondo de la Comunitat Valenciana ha decidido personarse como acusación particular al considerar que los hechos afectan a la integridad del ámbito federativo.
Investigación judicial y críticas a la gestión
Durante la entrevista, Cobo ha planteado que la situación ha ido más allá de los procedimientos judiciales, al apuntar a decisiones que, según ha indicado, han perjudicado el desarrollo deportivo. Entre los ejemplos mencionados, ha aludido a actuaciones que habrían impedido la homologación de instalaciones a nivel europeo o dificultado la participación de deportistas en competiciones de máximo nivel.
En su intervención, ha defendido que las federaciones autonómicas y la nacional han debido mantener una relación de colaboración mutua. En este sentido, ha insistido en que el crecimiento de la estructura estatal ha dependido directamente del desarrollo de las territoriales, que son las que han generado deportistas e ingresos.
«La FEDERACIÓN ESPAÑOLA TRABAJA PARA LAS FEDERACIONES AUTONÓMICAS, IGUAL QUE NOSOTROS TRABAJAMOS PARA NUESTROS FEDERADOS»
El presidente autonómico ha comparado esta relación con una estructura de servicio, en la que la federación nacional ha debido trabajar en beneficio de las autonómicas. Por ello, ha considerado incomprensible que se hayan establecido obstáculos que, según su visión, han afectado al funcionamiento y progreso de entidades como la valenciana.
«Detrás de las prácticas de la Federación española, y su presidente, hay un intento de desestabilizar una federación autonómica», ha asegurado Cobos. De hecho el dirigente apunta a que esta situación se originó cuando inició su gestión. «La Federación de la Comunitat Valenciana, cuyo anterior presidente también está imputado, era el canal que utilizaban para canalizar esa presunta apropiación de dinero público», ha explicado Cobos.
Impacto en la federación autonómica
Cobos ha reconocido que esta situación ha tenido consecuencias negativas para la federación valenciana, tanto a nivel estructural como en la confianza de sus miembros. No obstante, ha señalado que, con el tiempo, la percepción ha ido cambiando y que cada vez más personas han identificado las prácticas denunciadas.
Asimismo, ha reiterado que su gestión actual ha optado por no mantener una actitud pasiva ante posibles irregularidades. Según ha explicado, esta decisión ha generado tensiones al sacar a la luz determinadas cuestiones.
«la institución está muy por encima de las personas que la dirigen»
En este contexto, también ha hecho referencia a un procedimiento en curso relacionado con la gestión de cuotas de afiliados. Según ha afirmado, la federación nacional ha manifestado por escrito su intención de apropiarse de estos ingresos, lo que, en su opinión, ha dificultado la gestión ordinaria de la entidad autonómica.
Pese a toda la situación, el presidente ha asegurado que la federación valenciana ha continuado desarrollando su actividad y apostando por una línea de trabajo positiva. Y, en lo relativo al proceso judicial abierto, confía en la actuación de la justicia. «Al final el juzgado y los jueces serán los que den o quiten la razón», ha concluido Cobos.










