La asociación SOS Desaparecidos, que representa a familiares de 70 víctimas de la DANA del 29 de octubre, ha solicitado al presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, que declare voluntariamente ante la jueza que investiga la gestión de la catástrofe. Además, han exigido su dimisión y una disculpa pública por las presuntas negligencias cometidas antes, durante y después del desastre.
El encuentro, que se celebró ayer a última hora en el Palau de la Generalitat y duró más de dos horas, contó con la participación de Joaquín Amills, presidente de SOS Desaparecidos, Mazón y la vicepresidenta del Consell, Susana Camarero. Según Amills, el objetivo de la reunión era trasladar el dolor y la indignación de las familias afectadas, quienes consideran que hubo una mala gestión de la emergencia.
Durante la conversación, Mazón reconoció que el 29 de octubre «todo salió mal» y describió la tragedia como una «tormenta perfecta». No obstante, evitó responder a la petición de dimisión y tampoco se comprometió a declarar voluntariamente en el juzgado de Catarroja.
Como medida, el presidente autonómico ofreció a los familiares el contacto de un Guardia Civil, que actuará como mediador para atender sus necesidades. Amills valoró esta acción como un gesto positivo, pero insistió en que las víctimas exigen justicia y explicaciones claras.
Denuncia por homicidio imprudente y movilizaciones
SOS Desaparecidos se ha personado como acusación particular en la causa judicial abierta en Catarroja, argumentando que hubo negligencia y dejación de funciones por parte de las administraciones responsables. Según la asociación, la Generalitat tenía la obligación legal de actuar para minimizar el impacto de la DANA, pero no lo hizo de manera eficaz.
Mientras avanza la investigación judicial, el descontento social sigue creciendo. En un reciente acto público en Castellón, Mazón fue abucheado por ciudadanos que le acusaron de irresponsabilidad en la gestión del desastre. Además, diversas plataformas y colectivos han convocado una manifestación el 29 de marzo, en la que exigirán su renuncia y mayor transparencia sobre lo sucedido.
Desde el gobierno autonómico, Mazón ha reiterado que no tiene intención de dimitir y que su administración está colaborando con la justicia. Sin embargo, el hecho de que no haya aceptado declarar voluntariamente ha generado más dudas entre los familiares de las víctimas, quienes consideran que hay responsabilidades que deben ser depuradas.
