El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 9 de Valencia ha emitido una sentencia que rechaza el recurso interpuesto por los propietarios del Hotel Sidi Saler, las empresas Divarian Propiedad S.A. y Coral Homes, contra el Ayuntamiento de Valencia. El tribunal ha desestimado su solicitud para obtener la licencia de obras necesaria para rehabilitar y reabrir el emblemático hotel, situado en el Parque Natural de la Albufera, en la playa de El Saler.
El fallo judicial subraya que la ubicación del hotel «atenta contra el espacio natural protegido del Parque Natural de la Albufera». El complejo se encuentra en una zona de alto valor ecológico, directamente sobre el cordón dunar, lo que genera un impacto ambiental negativo en el parque.
La sentencia recalca que la normativa urbanística del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Valencia prohíbe construir edificios de más de dos plantas en la zona. Sin embargo, el Sidi Saler consta de seis plantas, lo que representa una violación de las normativas de altura establecidas por el PGOU, que limita la edificación en ese sector a dos alturas máximas.
El Tribunal también ha abordado la larga historia del Sidi Saler. El hotel lleva cerrado desde 2011, lo que ha generado diversos problemas en la zona, incluyendo la aparición de okupas y la degradación de sus instalaciones. Además, el inmueble se encuentra en una situación de «fuera de ordenación» desde la aprobación del PGOU en 1988, y la sentencia ratifica este estado.
A pesar de que los propietarios solicitaban una rehabilitación integral del edificio, el tribunal considera que el proyecto de renovación implica una «reestructuración total» que no es permitida en áreas fuera de ordenación.
LA INTERVENCIÓN SOBRE EL HOTEL NO ES VIABLE SEGÚN LA NORMATIVA
El recurso de los propietarios se basaba en la argumentación de que el Ayuntamiento de Valencia había actuado de manera «desviada de poder» al denegar la licencia de obras. Es decir, alegaban que la negativa a conceder la licencia no tenía base legal y se utilizaba de forma incorrecta la potestad del gobierno local.
Sin embargo, el Juzgado ha desestimado este argumento, aclarando que la negativa a conceder la licencia no constituye un abuso del poder por parte del Ayuntamiento, sino que está respaldada por la normativa vigente en materia urbanística.
El magistrado también refutó la afirmación de los demandantes de que el Sidi Saler se encontraba en una situación de «fuera de ordenación diferida», lo que permitiría la realización de obras de rehabilitación.
La sentencia subraya que, dada la magnitud de la reforma solicitada, que representaría más del 50% del valor actual del edificio, la intervención sobre el hotel no es viable según las normativas actuales.
La propiedad había estimado que la rehabilitación costaría alrededor de 6,5 millones de euros, mientras que la tasación del complejo se encuentra en 13,3 millones. Sin embargo, el tribunal aclara que la reforma necesaria para cumplir con las normativas actuales y adaptarse a los materiales y criterios urbanísticos actuales incrementaría considerablemente el coste y la dificultad del proyecto.
En cuanto a la posible demolición, la sentencia reafirma que esta es una exigencia derivada de las normativas urbanísticas y ambientales. La construcción del hotel, erigida en los años 70 sobre las dunas, no solo afecta al paisaje, sino que también representa un «atentado» a la preservación del Parque Natural de la Devesa. De acuerdo con la sentencia, la demolición del inmueble es la solución más acorde con la legislación vigente y la protección del entorno natural.
El Conflicto Judicial y la Posible Apelación
El conflicto legal entre el Ayuntamiento de Valencia y los propietarios del Sidi Saler no termina aquí, ya que la sentencia puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV). El recurso podría alterar el curso de los acontecimientos, aunque el panorama legal para la reapertura del hotel parece cada vez más complicado.
Cabe señalar que, durante el último gobierno municipal de Joan Ribó (Compromís), se adoptó una postura contraria a la rehabilitación del hotel, lo que llevó a los propietarios a recurrir la negativa de las licencias. Con el cambio en el gobierno local, ahora encabezado por María José Catalá (PP y Vox), se han dado señales de que podrían existir negociaciones para explorar una posible reapertura del hotel bajo nuevos términos.
