En el proyecto de Ley de Presupuestos para 2024, el gobierno valenciano, como también hizo el anterior Consell de la Generalitat, no ha reservado ninguna partida específica destinada a asumir la reclamación de la Agencia Tributaria relativa al IVA deducido entre los años 2016 y 2021, el procedimiento del cual sigue abierto y pendiente de resolución.
Si no hay una fórmula que resuelva el impacto del IVA, en el caso de la SAMC es cercano al 20% (Hay que aprovisionar entre 12M€ y 14M€ de las partidas de compras de productos a empresas independientes del sector, lo que significa prácticamente el 50% del total del presupuesto para esos objetivos de cumplimiento legal. Eso sin contar otras mermas como retransmisiones festivas o compras de derechos de deportes de equipos autonómicos). Habría que renunciar principalmente a los productos más caros (ficción propia) que además es la que mayor rentabilidad en audiencia aporta (por tanto pérdida de audiencia directa).
Ante esta situación el Consejo Rector de A Punt ha tomado la decisión de reservar 11,5 millones de euros de su presupuesto para poder hacer frente al pago.
Este anuncio ya ha sido valorado como preocupante por el sector, ya que verá reducida la cantidad destinada a las producciones externas.
Un sector herido de muerte
Para Kiko Martínez, presidente de La Asociación Productors Audiovisuals Valencians (PAV) esta situación va a dejar sin producción propia a A Punt y al sector herido de muerte. “Hay que solucionarlo de una manera definitiva. Somos una de las televisiones con menos inversión per cápita, muy lejos de las cifras que manejan otras comunidades autónomas”
En la misma línea se expresa Rafa Molés, presidente de AVANT, la asociación de productoras independientes del audiovisual valenciano. “Esto es el día de la marmota. Ya nos pasó en la anterior legislatura y si no se resuelve supondrá la desaparición de las productoras valencianas”. Molés explica que la dimensión de esta situación es muy importante y afectaría al corazón de A Punt con el cierre de numerosas empresas, una situación que asegura “no nos podemos permitir como sociedad”. Ahora desde AVANT, confían en que al estar los presupuestos en la fase de tramitación se pueda subsanar el error o despiste y se ponga una solución definitiva. “Lo que no puede tolerarse es que la cantidad del IVA sea la mitad del presupuesto destinado para producciones externas”.
En el entramado audiovisual un sector clave en los últimos años ha sido el de animación donde las producciones valencianas se han situado con éxito a nivel nacional e internacional.
Paloma Mora, presidenta de la Asociación Valenciana de Empresas Productoras de Animación (AVEPA) considera que si no se soluciona este conflicto la situación será terrible para el sector. “Necesitamos claramente solucionar este escenario para que no perjudique a las producciones de ficción y de animación que están previstas rodar el próximo año”. Paloma se muestra moderadamente optimista y confía en que finalmente se dé una solución como lo hacen el resto de comunidades autónomas.
Otro de los sectores gravemente afectados será el de actores y actrices valencianas. Jose Manuel Casany forma parte de APPV, es una organización profesional de carácter sindical que agrupa a actores y actrices profesionales de la Comunidad Valenciana. Casany considera que “lo que menos interesa es lo que se recorta”. El conocido actor explica que el audiovisual es un sector con muchos autónomos, somos una industria importante y no un capricho. “Creo que desde hace mucho años se quiere ahogar y aniquilar al sector ya que con el presupuesto que se nos adjudica no es viable” Casany cree que lo primero que debe plantearse es que modelo de Televisión queremos hacer.
Centenares de empleos en el aire
Desde la Asociación de Empresas de Servicios del Audiovisual Valenciano (AESAV) su presidente, José Manuel Seguí muestra también su máxima preocupación ante la situación que se crearía si el gobierno valenciano no corrige el presupuesto. “Hablamos en primer lugar de la merma en la calidad y cantidad que sufrirán las producciones .Además se destruirán numerosos puestos de trabajo relacionados con las empresas de servicios que engloba el sector. Se trata de una situación compleja que ya vivimos con el cierre de Canal 9 y que afectó a miles de familias”
El sector audiovisual contribuye a la creación de cientos de empleos directos e indirectos para profesionales del sector como actores, directores, técnicos de sonido o editores entre otros.
Además el sector audiovisual es elemento vertebrador y de cohesión del territorio desempeñando una labor destacada en la transmisión de la cultura y la lengua.
El conflicto entre la Agencia Tributaria y los gobiernos autonómicos por el IVA deducible de sus televisiones públicas se remonta al 2014. En esa fecha, la AEAT empezó a considerar que las cadenas sólo podían deducirse el impuesto por su actividad comercial y no por los ingresos que reciben a través de los presupuestos de los gobiernos autonómicos.
Las posibles soluciones que ya han adoptado otras Comunidades Autónomas
La situación de pagos de IVA no deducible es algo que se da en todas las televisiones públicas y autonómicas, pero la respuesta ante este gasto es diferente en cada autonomía.
En las televisiones públicas de Cataluña, Galicia, Canarias, Murcia, Asturias, Castilla La Mancha y Baleares, los gobiernos autónomos se hacen cargo del IVA no deducible. Para ello emplean diversas fórmulas como incrementos presupuestarios, pólizas corporativas, aportaciones económicas corrientes adicionales o préstamos. Con ello evitan que el gasto de IVA salga de las mismas cuentas de gasto de las televisiones y, por consiguiente, una infrafinanciación de las mismas.
En el caso de Telemadrid desde 2021 a 2024, no hay aumento de presupuesto, si financiación a CP (liquidez) para absorber parte del mayor gasto para pagar a proveedores.
Andalucía resolvió en 2023 con un préstamo a corto plazo recogido en la ley de presupuestos para ir pagando parte de la deuda acumulada de proveedores por la no devolución de las cuotas
Ahora desde las diferentes asociaciones que engloban a las productoras valenciana se preguntan ¿Si se ha podido solucionar en otras comunidades por qué el gobierno valenciano no resuelve la situación?. ¿Habrá finalmente voluntad política para cuidar un sector clave en la economía valenciana?
