Este lunes, el Senado ha puesto en marcha la comisión de investigación sobre la DANA del 29 de octubre de 2024. Las primeras comparecencias están a cargo de los catedráticos de hidráulica Juan Bautista Marco Segura y Félix Francés García, quienes analizarán los posibles fallos en la gestión de la emergencia. Sin embargo, el foco principal recae en la futura declaración del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón.
La comisión fue impulsada por el Partido Popular y contó con el respaldo del PSOE. No obstante, este último expresó reservas sobre el uso que pueda darse a la investigación. Con mayoría absoluta en el Senado, el PP estableció la lista de comparecientes y el plan de trabajo, lo que ha generado críticas por la ausencia de otros responsables autonómicos más allá de Mazón.
En total, medio centenar de personas, entre arquitectos, ingenieros, agricultores, empresarios y expertos en derecho, serán citadas para esclarecer los hechos. También participará una representante de la empresa concesionaria del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH). Las sesiones se extenderán a lo largo de marzo y abril.
El momento clave: La comparecencia de los líderes políticos
Aunque no hay un calendario definido, se espera que la fase más relevante de la comisión llegue cuando declaren los principales líderes políticos. El PP ha convocado a Pedro Sánchez y a siete ministros de su Ejecutivo. Entre ellos destacan figuras como María Jesús Montero (Hacienda), Sara Aagesen (Transición Ecológica), Margarita Robles (Defensa), Fernando Grande-Marlaska (Interior) y Pilar Alegría (Educación).
Por parte del Gobierno valenciano, solo Carlos Mazón comparecerá. Este hecho ha generado críticas de otros grupos parlamentarios, que pedían la citación de la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, imputada en la causa judicial sobre la tragedia. El PP ha justificado su postura alegando que el Senado es un órgano nacional y no autonómico.
Tres frentes abiertos en la investigación
Además de la comisión del Senado, la DANA está siendo investigada en otros dos ámbitos: las Cortes Valencianas y el Congreso de los Diputados. La investigación en el Congreso fue aprobada a petición de Sumar, ERC, Junts y Podemos, con apoyo del PSOE y el rechazo del PP.
Mientras tanto, la causa judicial en Catarroja ha señalado presuntas responsabilidades en la gestión de la emergencia, destacando que la alerta a la población se envió tarde y de forma errónea. El informe judicial sostiene que la DANA no fue un fenómeno inesperado. Aseguran que se disponía de datos precisos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ).
La tragedia dejó un saldo devastador: 225 muertos y tres desaparecidos en la Comunidad Valenciana, además de víctimas en Castilla-La Mancha y Málaga. La investigación en el Senado, junto con las otras dos comisiones y el proceso judicial en marcha, busca esclarecer responsabilidades y mejorar la gestión futura de fenómenos meteorológicos extremos.
