Desde primera hora de la mañana, la magistrada del Juzgado de Instrucción número ocho de Llíria ha tomado declaración a tres agentes del caso Rafa Mir. y un oficial de la Policía Local de Bétera. Ha sido la encargada de la investigación contra el futbolista y un amigo suyo por presuntas agresiones sexuales a dos jóvenes de 21 y 25 años.
Estos efectivos acudieron al domicilio del jugador del Valencia CF, ubicado en la urbanización Torre en Conill, la mañana del 1 de septiembre, para aclarar qué les relataron las víctimas en ese momento inicial y si una de ellas mencionó una agresión sexual con acceso carnal, como aseguraron tanto los denunciantes como los vigilantes de seguridad, y por qué dicho testimonio no quedó reflejado en el atestado policial.
Los agentes finalizaron sus declaraciones a las 11:30 horas. Y mantuvieron ante la jueza que ninguno de los jóvenes les informó de una agresión sexual durante su intervención, lo que explicaría la falta de énfasis en el informe inicial. Según ellos, no percibieron la gravedad de los hechos que más tarde fueron denunciados. De hecho, en sus declaraciones apoyaron la versión exculpatoria presentada por la defensa del futbolista. Sin embargo, tanto los denunciantes como los vigilantes de seguridad han contradicho esta versión.
DECLARACIONES DE OTROS TESTIGOS EN EL CASO RAFA MIR
Además de los cuatro policías, también declararán otros tres testigos clave. Un tercer joven que se encontró en la vivienda esa noche, quien no participó en los hechos denunciados y que, según las víctimas, mostró empatía al ofrecerles agua y una toalla; un vecino que alertó a la seguridad privada tras escuchar el altercado y observar cómo las jóvenes eran expulsadas del chalet y dejadas semidesnudas en la calle; y el padre de una de las víctimas, quien denunció que su hija sufrió una doble agresión sexual con acceso carnal por parte de Rafa Mir, primero en la piscina y luego en un baño donde, según relató, fue encerrada con pestillo.
Rafa Mir fue detenido en relación con estos hechos y quedó en libertad tras negar las acusaciones. Afirmando que «todo ocurrió de forma consentida». No obstante, la jueza impuso varios cautelares. Entre otros, la retirada de su pasaporte, la prohibición de salir del país, la obligación de comparar semanalmente medidas para firmar, y la orden de no comunicarse ni acercarse a menos de 500 metros de los denunciantes.
