La consellera de Sanitat, Ana Barceló, ha informado de la tramitación de diligencias y la apertura de expedientes informativos a 10 cargos públicos. Éstos forman parte de un total de 233 casos cuya vacunación se investiga por no ajustarse a los grupos de riesgo correspondientes.
«De todos ellos, 171 casos están justificados por ser personas del grupo siguiente o de grupos de riesgo justificados». «En cuanto a los 62 casos restantes, son los que se ha procedido a investigar con más detalle para depurar, en su caso responsabilidades», ha destacado la titular de Sanitat.
Barceló ha precisado que ordenó, tanto a la Dirección General de Recursos Humanos, como a Salud Pública, la apertura de expedientes informativos. El objetivo es saber si algún profesional de la Consellería había cometido alguna irregularidad; y por otro, si habían sido vacunadas personas no pertenecientes a los grupos que les correspondía y si había alguna causa que justificara esta vacunación.
Según Barceló, de la información recabada hasta el momento, se desprende que «se pueden haber cometido irregularidades». En este momento hay abiertos 9 expedientes informativos, entre los que ya están en fase de diligencias previas. «Todos ellos afectan a personal propio que haya podido intervenir en el proceso de vacunación. Al encontrarse en trámite, están sujetos a la privacidad y protección de datos correspondiente», ha puntualizado Barceló.
Diez casos de cargos públicos investigados por Sanitat
- Ximo Coll (alcalde de El Verger) y Carolina Vives (alcaldesa de Els Poblets). Se vacunaron juntos. Fue el 8 de enero en el Centro de Salud El Verger y se encuentra abierto expediente de Diligencias Previas.
- Cristina Morera (concejala de servicios sociales y sanidad de Dènia). Fue vacunada junto con algunos familiares el 12 de enero en la Residencia Santa Lucía de Dènia. Se encuentra abierto expediente de Diligencias Previas.
- José Luis Cuesta Merin (fiscal Jefe de Castellón). Vacunado en el Centro de Salud 9 de octubre. El 29 de enero se inician diligencias previas por parte de Recursos Humanos. Los responsables de la vacunación son la coordinadora de enfermería de Atención Primaria y un enfermero. Y se encuentra abierto expediente de Diligencias Previas.
- Luis Rubio (alcalde de Villahermosa del Río y administrador de la residencia municipal). Se vacunó en dicha residencia. Según alega, estaba en el listado de trabajadores y residentes facilitado por la residencia y autorizado por Salud Pública. Se encuentra abierto un expediente informativo en el Departamento de Salud de Castellón.
- Francisco López (alcalde de Rafelbunyol). La vacunación se produjo el día de inicio de la campaña en la primera residencia de la Comunitat Valenciana en la que se administraba la vacuna. Por ese motivo se invitó al alcalde y se le administró una dosis que sobró al final de la jornada. Se archiva el expediente por parte de Recursos Humanos.
- Bernabé Cano (alcalde de La Nucía y diputado provincial). Se vacuna el 6 de enero en la Residencia Savia La Nucía. Se presenta junto con el concejal de sanidad en la Residencia sin tener autorización. También incumple el protocolo previsto en los centros sociosanitarios y no figuraba en los listados de vacunación. Fue vacunado por el personal de la residencia. Se encuentra abierto expediente de Diligencias Previas.
- José Galiana (concejal de Sanidad de Orihuela). Fue vacunado el 6 de enero en la Residencia Las Espeñetas. Se encuentra abierto expediente de Diligencias Previas.
- Juan Bautista (diputado Provincial responsable del Centro de Salud Mental Doctor Esquerdo). Se vacuna el 12 de enero al estar incluido en el listado de trabajadores y residentes facilitado por la Diputación para su vacunación. Al estar incluido en el listado, se archiva el expediente por parte de Recursos Humanos.
- Àngel Ribés (alcalde de Benlloch). Se están investigando las circunstancias. Al aparecer esta persona estaba en el listado facilitado por Salud pública.
Tramitación de diligencias y, en su caso, apertura de expedientes
Respecto a estas personas, la titular de Sanitat ha informado que «se ha solicitado a Salud Pública la tramitación inmediata de diligencias y, en su caso, la apertura de los correspondientes expedientes para acotar los hechos, circunstancias y sujetos responsables de cada caso». También la aplicación, si procede, de las sanciones recogidas en la Ley 33/2001 General de Salud Pública y la Ley 10/2014 de la Generalitat de Salud.
Ana Barceló ha resaltado que «las posibles irregularidades (62) cuando se llevan puestas más de 149.000 vacunas (un 0,041%) no empañan en ningún caso un proceso de vacunación que está transcurriendo con la más absoluta normalidad».
Segunda dosis: conclusiones del Comité de Bioética
Respecto al suministro o no de la segunda dosis a estas personas, la titular de Sanitat ha recordado que ordenó que no se les suministrara «en tanto se toma una decisión definitiva». Además, señaló que tendría en cuenta la posición del Comité de Bioética de la Comunitat Valenciana.
Dicho Comité ha señalado que la administración de la segunda dosis debería plantearse «después de haber concluido la vacunación de los grupos recogidos en la estrategia de vacunación». «La recomendación es vacunar a las 6 semanas de la primera dosis que, asegura el informe del Comité, es el plazo máximo marcado por la OMS para la segunda dosis de la vacuna Pfizer». Según Barceló, el Comité también recomienda en su informe «que se tomen medidas de sanción o disciplinarias».
