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Adiós a las redes sociales para los españoles menores de 16 años / DAVID ZORRAKINO (EUROPA PRESS)
El Gobierno de Pedro Sánchez ha lanzado una de las medidas más ambiciosas hasta la fecha contra las grandes plataformas digitales, con el objetivo de limitar su impacto sobre los menores y frenar la expansión de contenidos nocivos en internet.

El presidente del Ejecutivo ha advertido de que las redes sociales se han convertido en un espacio desregulado, marcado por la impunidad y la amplificación de discursos de odio y desinformación. Una situación que, a su juicio, exige una respuesta política contundente.

Sánchez ha realizado este anuncio durante su intervención en el plenario del World Governments Summit, celebrado en Dubái, donde ha denunciado que las plataformas digitales operan como un “Estado fallido” en el que se ignoran las leyes y se pone en riesgo la protección de derechos fundamentales, especialmente los de niños y adolescentes.

El presidente ha puesto el foco en el funcionamiento interno de las plataformas y en el papel de los algoritmos. De hecho los ha acusado de fomentar la polarización social y de amplificar de forma deliberada contenidos ilegales o dañinos.

En este contexto, el Gobierno prepara un paquete de medidas legislativas y regulatorias que incluye el endurecimiento de las obligaciones de las empresas tecnológicas, la eliminación de la impunidad de sus directivos y la tipificación como delito de determinadas prácticas vinculadas a la manipulación algorítmica.

El Ejecutivo también ha anunciado que trabajará junto a la Fiscalía para investigar posibles infracciones legales cometidas por plataformas como Grok, TikTok o Instagram, en un mensaje que refuerza la idea de una defensa activa de la soberanía digital frente a actores extranjeros.

Los adolescentes españoles son los que más usan las redes sociales

La iniciativa del Gobierno se apoya en datos que reflejan un uso intensivo de las redes sociales entre los menores. Los adolescentes españoles pasan de media más de una hora diaria en estas plataformas, siendo los que más tiempo dedican en Europa, según informes recientes. TikTok concentra buena parte de ese consumo, con más de dos horas diarias entre los usuarios más jóvenes.

Diversos estudios alertan de que uno de cada cuatro menores presenta un uso problemático del teléfono móvil, con efectos que van desde la alteración del sueño y la pérdida de concentración hasta problemas de ansiedad, baja autoestima o aislamiento social. Organismos como Unicef advierten, además, del aumento del ciberacoso, el grooming y la exposición temprana a contenidos sexuales o violentos.

Países pioneros

España no actúa sola. En los últimos meses se ha intensificado en Europa y en otros países occidentales el debate sobre la necesidad de establecer una mayoría de edad digital. Australia se convirtió en diciembre de 2025 en el primer país del mundo en prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años, trasladando la responsabilidad directamente a las plataformas y previendo multas millonarias en caso de incumplimiento.

Francia ha aprobado una ley que veta las redes sociales a los menores de 15 años y que entrará en vigor previsiblemente con el inicio del próximo curso escolar. Portugal, Dinamarca, Irlanda, Grecia y el Reino Unido avanzan en propuestas similares.  El Parlamento Europeo ya reclamó el año pasado fijar en 16 años la edad mínima para acceder a redes sociales, con excepciones bajo consentimiento parental.

El debate no es nuevo en España. De hecho, en noviembre del año pasado, la Eurocámara pidió una aplicación más estricta de la legislación digital y la exigencia de responsabilidades personales a los altos cargos de las plataformas en casos de incumplimiento grave.

Cuándo entra en vigor la prohibición

Según ha adelantado el presidente del Gobierno, la prohibición del acceso a las redes sociales para los menores de 16 años se aprobará previsiblemente en el Consejo de Ministros de la próxima semana, dentro de un paquete de cinco medidas legislativas.

A partir de ahí, la norma iniciará su tramitación parlamentaria y establecerá un calendario de implantación progresiva que obligará a las plataformas digitales a introducir sistemas efectivos de verificación de edad. El Ejecutivo confía en que la nueva regulación esté plenamente operativa a lo largo de 2026, en línea con los plazos que ya manejan otros países europeos que han adoptado medidas similares.