València intensifica su ofensiva contra los apartamentos turísticos ilegales. En apenas un año y medio, el Ayuntamiento ha clausurado más de un millar de viviendas irregulares repartidas por toda la ciudad. Las acciones llevadas a cabo son fruto de una estrategia coordinada entre la concejalía de Urbanismo y la Policía Local.
La moratoria en la concesión de licencias, decretada en mayo de 2024 y aún vigente, ha frenado en seco la proliferación de nuevos pisos turísticos mientras se aprueba una nueva normativa. Según el concejal de Urbanismo y Vivienda, Juan Giner la nueva normativa es “ la más restrictiva de España». El edil subraya que el objetivo es “poner freno a un problema social que afecta al acceso a la vivienda y a la convivencia vecinal”.
La campaña municipal se apoya en un operativo permanente: cinco grupos de inspectores del área de Urbanismo y siete equipos de la Policía Local rastrean los barrios con mayor presión turística para detectar pisos sin licencia. Estas patrullas revisan anuncios en plataformas digitales, atienden quejas vecinales y levantan actas en caso de detectar actividad irregular.
La ofensiva ha tenido resultados inmediatos. La Policía Local ha incrementado en un 738 % las actas de denuncia a apartamentos turísticos en el último año y medio. En cifras, los agentes han tramitado más de 800 expedientes, frente a las 84 denuncias registradas en 2023 o las 73 del año anterior. La mayoría se deben a la ausencia del título habilitante necesario para alquilar viviendas con fines turísticos.
Con un protocolo estricto para detectar irregularidades
El protocolo municipal es claro, cuando se recibe una queja o sospecha, los agentes se desplazan hasta la vivienda, identifican a los ocupantes y verifican la reserva en la plataforma digital. Si el piso no está regularizado, se levanta un acta y, a través del IBI, se localiza al propietario para iniciar el procedimiento sancionador y, en su caso, la clausura.
Giner recuerda que la proliferación de estos apartamentos se disparó a partir de 2015 y que “el anterior gobierno local permitió incluso habilitar bajos comerciales como viviendas turísticas, algo que estaba prohibido”. Ahora, afirma, la ciudad “ha pasado de la permisividad a la acción”, con controles continuos y medidas de choque que pretenden devolver el equilibrio a los barrios.
Con este plan de control, el Ayuntamiento busca frenar la expansión de los pisos ilegales. De esta forma se tratará de garantizar que la oferta turística de València se desarrolle dentro de la legalidad. En todo momento se prioriza no poner en riesgo el acceso a la vivienda de los residentes.
