La víctima de los abusos del exmarido de Mónica Oltra ha solicitado tres años y medio de prisión para la exvicepresidenta del Consell. Concretamente se piden dos años de cárcel y la prohibición de acercarse a la demandante por un presunto delito contra la integridad moral; otro año y medio de prisión y una multa de 30 euros diarios durante tres años por malversación; y un total de 12 años de inhabilitación en empleos públicos por un delitos de prevaricación.
La noticia llega semanas después de conocerse que la Audiencia de Valencia reabre la causa contra Mónica Oltra al considerar indicios suficientes para encausar a la exlíder de Compromís y otras 15 personas más por su gestión en el caso de abusos sexuales a una menor tutelada.
Los abusos sexuales se remontan a 2016-2017 cuando Teresa Tanco era una menor tutelada en un centro donde Luis Ramírez, exmarido de Oltra, era docente. A raíz de esos hechos, este fue condenado a cinco años de prisión y actualmente cumple condena en Picassent.
UNOS ABUSOS PRESUNTAMENTE SILENCIADOS
La acusación sostiene que cuando Tanco denunció el caso de abuso, el centro tardó una semana en responder. Según indican, siempre se trató de silenciar el asunto por afectar a una persona del entorno más personal de Oltra y a la vez que no salpicase a la Conselleria de Igualdad gestionada por ella misma.
Además, señalan que la política creó un expediente sobre la joven que luego habrían utilizado para tratar de desacreditarla. La acusación considera que es un documento en el que estuvieron involucradas diferentes responsables de Igualdad entre ellos la misma Oltra, la directora general, la subdirectora, la directora territorial y una funcionaria.
El pasado 20 de junio la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia comunicaba la reapertura de la causa contra la exconsellera de Igualdad y otras 15 personas por su gestión en el caso de abusos sexuales a una menor tutelada cometidos por un educador, exmarido de la dirigente política, al entender que existen indicios suficientes para encausarlas.
«Tras examinar el resultado de la instrucción practicada, que se expone de forma pormenorizada en la resolución impugnada, la Sala estima, discrepando del criterio del instructor, que no puede descartarse claramente la comisión de infracción penal, siendo posible identificar, en relación a determinadas actuaciones, una suficiencia indiciaria que justifica la continuación del procedimiento», señalaban los magistrados.
