La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha determinado por medio de un informe que las leyes de concordia impulsadas por los gobiernos autonómicos del Partido Popular y Vox vulneran los derechos humanos e internacionales.
Según la ONU, las leyes de concordia tramitadas en la Comunitat Valenciana, Castilla y León y Aragón pueden poner «límites al acceso a la verdad sobre el destino o paradero de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos».
«Las llamadas leyes de ‘concordia’ aprobadas o presentadas para aprobación parlamentaria en las comunidades autónomas de Aragón, Castilla y León, y Valencia, podrían afectar a la obligación del Estado español, incluyendo sus poderes y entidades nacionales o locales, en materia de Derechos Humanos, en particular la obligación de garantizar la preservación de la memoria histórica de graves violaciones de Derechos Humanos», apunta el informe.
Además, el documento recuerda al Gobierno de España, denunciante de estas leyes por considerarlas «contrarias» a la Ley de la Memoria Democrática, que las víctimas de desapariciones forzadas del franquismo no tienen acceso a la justicia ni han sido debidamente reparadas.
Por ello, desde la ONU instan al Gobierno a tomar «las medidas necesarias» para preservar la memoria histórica del país. Consideran que las leyes de PP y Vox pueden «invisibilizar» las «graves violaciones de los Derechos Humanos» que se cometieron en el «régimen dictatorial franquista».
Proyecto de ley de la Comunidad Autónoma de Valencia
El 21 de marzo de 2024, los grupos Parlamentarios Popular y Vox de Valencia presentaron una proposición de «ley de concordia», que sustituiría la ley de memoria democrática vigente desde 2017.
Según el informe de la ONU, el proyecto amplía el periodo de alcance de la ley a los años de «profunda crisis» incluyendo: la Segunda República, la guerra civil, la dictadura y el «terrorismo etarra e islámico». Esta establece el reconocimiento de «todas las víctimas de la violencia social, política, del terrorismo o 4 la persecución ideológica y religiosa».
Esta propuesta reconoce el mismo régimen de protección a «las víctimas de la Segunda República y del terrorismo etarra e islámico» que a las víctimas a las que hace referencia la ley No. 20/2022. Según la ONU esto «desvirtúa» el objetivo «de atender las necesidades y derechos de las centenas de miles de víctimas del franquismo y la guerra civil».
El proyecto de ley «disuelve todas las comisiones, organismos e instituciones autonómicas de carácter público» creadas por la ley autonómica de memoria democrática. Además, prevé que los procesos de memoria democrática iniciados y no concluidos al momento de la entrada en vigor de la nueva ley, serán suprimidos automáticamente, a excepción de las actividades de indagación, localización, exhumación e identificación de las personas desaparecidas. Sin embargo, no detalla las condiciones bajo las cuales se podrán iniciar nuevos procedimientos de este tipo.
Tomamos nota que el proyecto reconoce el derecho a acceder a toda la documentación existente sobre las víctimas, estableciendo garantías para la protección de los lugares que fueron objeto de violencia política y social durante todo este periodo. Por su parte, el proyecto no reconoce las subvenciones para actividades en memoria histórica que actualmente pueden otorgarse a entidades sin fines de lucro.
LA ONU INSTA AL GOBIERNO A PRESERVAR LA MEMORIA HISTÓRICA
La segunda parte del informe va dirigida al Gobierno central. Le recuerda que las víctimas de la desaparición son «tanto a la persona desaparecida como a toda persona física que haya sufrido un perjuicio directo como consecuencia de una desaparición forzada».
Añade que «cada víctima tiene el derecho de conocer la verdad sobre las circunstancias de la desaparición forzada, que los Estados Parte velarán por que su sistema legal garantice a la víctima de una desaparición forzada el derecho a la reparación y a una indemnización rápida, justa y adecuada y que los derechos a la reparación incluyen, entre otros, la restitución y las garantías de no repetición».
Asimismo, el informe le recuerda al Gobierno que «no investigar y enjuiciar esas infracciones constituye de por sí un incumplimiento de las normas de los tratados de derechos humanos. La impunidad con relación a esas violaciones puede constituir un elemento importante que contribuye a la repetición de las violaciones».
