La nueva ley de prevención de pérdidas y derroche alimentario del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación arranca hoy su andadura tras publicarse este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE). El objetivo de la nueva normativa es reducir el desperdicio en el sector de la distribución alimentaria.
A partir de este jueves, 3 de abril, los bares y restaurantes deberán ofrecer envases a los consumidores para llevarse las sobras, así se evitará echar a la basura alimentos en buen estado.
Además, deberán proporcionar envases adecuados sin coste adicional, excepto en bufés o establecimientos de comida ilimitada. Asimismo, estos tuppers deberán ser reutilizables o fácilmente reciclables.
La nueva ley también marca que la opción de llevarse la comida deberá indicarse de forma clara y visible en el menú o en la carta del local. Según se destaca desde el Ministerio, esto no solo ayudará a reducir el desperdicio de alimentos, sino que también fomentará un consumo más responsable.
Supermercados contra el desperdicio
Por otra parte, también se incentivará la venta de productos con fecha de caducidad próxima y de alimentos considerados «feos» o imperfectos. Así, se promoverá el consumo de productos de temporada, de proximidad y ecológicos, siguiendo la jerarquía de uso de alimentos: primero prevenir el desperdicio, luego donar excedentes y, por último, reciclar los residuos.
La normativa establece una jerarquía para gestionar el desperdicio alimentario. Primero, se priorizará la prevención, fomentando la transformación de productos agrarios y alimentos no vendidos en otros productos aptos para el consumo. Si no pueden aprovecharse de esta forma, deberán destinarse a donaciones para entidades sociales. Como última opción, se utilizarán para alimentación animal o se reciclarán en compost o biogás.
Planes para los establecimientos grandes
Los establecimientos de más de 1.300 m² tendrán un año para implementar un plan de prevención de desperdicios alimentarios y promover acuerdos con ONGs y otras entidades sociales para donar sus excedentes.
Esta medida busca asegurar que los alimentos no aptos para la venta lleguen a las personas en situación de vulnerabilidad. Además, la ley establece sanciones por el incumplimiento de estas obligaciones, salvo en el caso de las microempresas.
Las microempresas (menos de 10 empleados) y las pequeñas explotaciones agrarias (menos de 50 empleados) quedarán exentas de estas obligaciones. Sin embargo, las empresas que no cumplan con la normativa enfrentarán sanciones.
Las infracciones leves podrán ser multadas con hasta 2.000 euros, las graves con multas entre 2.000 y 60.000 euros, y las muy graves podrían alcanzar hasta 500.000 euros. Además, las infracciones leves tienen un plazo de prescripción de seis meses, las graves de un año y las muy graves de dos años.
