Este lunes ha comenzado la huelga de transportistas que se prolongará con carácter indefinido. Con el Black Friday y la Navidad a la vuelta de la esquina, este parón podría afectar al 25% del negocio anual de transportistas.
La Comunitat Valenciana es la tercera autonomía que más mercancías transporta de España. Según los datos, casi 300 millones de mercancías son transportadas cada año. Por ello esta protesta podría resultar de gran impacto para la economía valenciana.
Después de que el 2 de agosto el Gobierno aprobase un decreto-ley que recogía la mejora de condiciones para los transportistas, ahora estos denuncian la falta de compromiso del Ministerio de Transportes a la hora de cumplir con esos acuerdos pactados. Que no haya sido respetado la Ley de carga y descarga o la Ley de costes, son las principales quejas del sector. Este exige más responsabilidad y vigilancia.
La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, ha asegurado que el Gobierno ha cumplido con todos sus compromisos. Además, ha mencionado que se han mejorado mucho las condiciones de trabajo. Por eso, ha indicado que no tiene sentido la decisión tomada por los transportistas de realizar otro paro.
Posibles desencadenantes
En la pasada huelga del 14 de marzo, prolongada durante 20 días, se llegó a paralizar la economía desencadenando una crisis de abastecimientos. En la presente protesta serán muchos autónomos los que vuelvan a participar en el paro. Sin embargo, ahora son varios los sindicatos, como la CETM, Fenadismer y Astic, que han decidido no unirse a la reivincidación y apostar por el diálogo.
Por otro lado, la Asociación de Empresas de Distribución de Alimentos, Bebidas y Limpieza (ADED) ya ha descartado la posibilidad de que se produzca un gran desabastecimiento de productos. Desde la patronal de supermercados Asucova también se ha garantizado el suministro de alimentos. Han señalado que los comercios están trabajando con «normalidad». Además, las compras están transcurriendo como una jornada habitual sin detectarse acopio de productos.
Aunque algunas asociaciones han transmitido mensajes de tranquilidad hacia la ciudadanía. No obstante, esta protesta podría costar unos 600 millones de euros a la economía española según los expertos.
