La Comunidad de Propietarios de Nicet Patraix, en el barrio de Safranar de Valencia, ha presentado una denuncia formal contra la empresa que gestiona los 24 apartamentos turísticos en los bajos del complejo residencial, por la colocación de un sistema masivo de videovigilancia ilegal en plena vía pública.
Según relatan los vecinos, la mercantil finalizó esta semana la instalación de 24 cámaras orientables fijadas en las rejillas de ventilación de varios bajos comerciales situados en la Avenida José Roca Coll. Las cámaras, apuntando directamente a la acera, se han colocado sin autorización municipal ni consentimiento de la comunidad, lo que supone, a juicio de los denunciantes, una vulneración de la intimidad de cualquier viandante.
“Estamos ante un problema de orden público, de seguridad ciudadana y de vulneración de derechos fundamentales”, ha afirmado Miguel Roig, presidente de la comunidad vecinal. Los residentes reclaman al Ayuntamiento la retirada inmediata de las cámaras y la apertura de expedientes sancionadores contra la empresa.
Apartamentos turísticos sin licencia
La polémica con el Grupo MContigo, gestora de los apartamentos turísticos, no es nueva. La compañía ya mantenía un enfrentamiento con la comunidad por la explotación irregular de 24 bajos comerciales como alojamientos turísticos, pese a que sus licencias caducaron entre mayo y junio de 2025 y fueron dadas de baja de forma definitiva el 8 de septiembre por resolución de la Conselleria de Turismo.
A pesar de la baja, los apartamentos continúan anunciándose en plataformas como Booking.com, lo que supone una infracción de la Ley de Turismo, Ocio y Hospitalidad y un incumplimiento de los estatutos comunitarios, que desde mayo de 2024 prohíben expresamente los usos turísticos en el complejo.
Los propios turistas han comenzado a reflejar en sus reseñas públicas las deficiencias de los alojamientos y la falta de legalidad, lo que, según los vecinos, “perjudica tanto a la convivencia del barrio como a la imagen internacional de Valencia como destino”.
Los residentes aseguran que no cesarán en sus acciones hasta lograr que el Ayuntamiento precinte los locales turísticos ilegales y retire el sistema de videovigilancia, evitando que su residencial “se convierta en un hotel encubierto vigilado por cámaras sin control”.
