El presidente de la Diputación de Valencia y líder provincial del Partido Popular, Vicent Mompó, declara este jueves como testigo ante la jueza que investiga la tragedia de la DANA del 29 de octubre de 2024, en la que murieron 228 personas. Con esta son ya tres las veces que Mompó acude a los juzgados puesto que las dos anteriores no se pudo llevar a termino la comparecencia, la primera por por la extensa comparecencia de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, y la segunda por coincidir con el apagón general.
Su comparecencia, celebrada en la Ciudad de la Justicia de València, ha estado marcada por la presencia de un gran despliegue mediático. Así, aunque su citación estaba prevista a las 9:30 horas, Mompó ha accedido al edificio judicial por una entrada lateral minutos antes de la hora, evitando así el contacto con los medios.
Durante su testimonio, que ha comenzado a las 09:35 horas en el Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja, Mompó está respondiendo, entre otras cosas, sobre su participación en el Cecopi (Centro de Coordinación Operativa Integrada) la tarde del 29 de octubre. Hasta el momento siempre ha asegurado que se incorporó al dispositivo a las 17:45 horas, y que no fue consciente del riesgo en el barranco del Poyo hasta pasadas las 19:00 horas, cuando el presidente del Consorcio de Bomberos, Avelino Mascarell, le trasladó la información recibida por parte de la alcaldesa de Chiva.
El envío de la alerta en el punto de mira
Uno de los puntos más controvertidos de la declaración gira en torno al Es Alert, el sistema de aviso masivo a móviles que se activó tarde y que pudo haber mermado el alcance de la tragedia. La jueza quiere aclarar si hubo injerencias políticas en su activación. Aunque Mompó ha afirmado todos estos meses que es “imposible que hablara con el presidente del Es Alert”, la magistrada insiste en que funcionarios del emergencias ya manejaban esa posibilidad desde las 18:09 horas.
Relacionado con lo anterior, la jueza quiere esclarecer también las comunicaciones de Mompó con el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón. El presidente de la Diputación ha hecho público que tuvo una llamada fallida a las 17:45 y que devolvió la llamada después. También ha mencionado otra conversación a las 18:25, de apenas 18 segundos. Según él, fueron intercambios rutinarios para gestionar contactos municipales, en concreto los de los alcaldes de Utiel y de Cullera.
Asimismo, niega que en sus presencias junto a la exconsellera Salomé Pradas y Mazón se tratara el asunto del Es Alert, pero sí ha aclarado en muchas ocasiones, a posteriori, que asume que el envío se hizo tarde.
En declaraciones previas a esta jornada, Mompó había manifestado su intención de “aclarar lo sucedido” y “arrojar luz sobre una tragedia que ha marcado a la Comunitat Valenciana”.
Una declaración en medio de protestas
La comparecencia de presidente también ha estado envuelta en una fuerte tensión social y política, marcada por una masiva protesta de bomberos del Consorcio Provincial. Los bomberos, que se concentraban desde primera hora de la mañana frente al juzgado, han acusado al dirigente popular de esquivarles y no “dar la cara”.
Entre gritos y pancartas que denunciaban la falta de medios para afrontar futuras emergencias, los profesionales del Consorcio de Bomberos han advertido que la seguridad ciudadana está en riesgo si no se refuerzan los efectivos y se actualiza la formación. “Octubre está a la vuelta de la esquina y seguimos igual”, clamaban por megafonía.
La protesta de los bomberos se ha disuelto pasadas las 10 de la mañana, aunque han prometido seguir presionando públicamente al presidente de la Diputación y “visitarle en su pueblo” si no se toman medidas inmediatas.
Desde la Diputación se sigue negociando con el Consorcio para llegar a un acuerdo. Ayer mismo se daba a conocer una nueva propuesta que propone la contratación de 91 efectivos para reducir el número de guardias. La entidad dependiente de la Diputació ofrece a la parte social recuperar el preacuerdo suscrito en el mes de marzo, y realizar el doble de las contrataciones inicialmente previstas en un plazo de 6 años, a razón de 15 nuevos efectivos por anualidad a partir de 2027.
