Cuarenta y cinco años después del intento de golpe de Estado que mantuvo en vilo a España, el Gobierno ha decidido levantar el secreto sobre los documentos oficiales relacionados con el 23 de febrero de 1981. El presidente Pedro Sánchez anunció que el Consejo de Ministros aprobará formalmente la desclasificación y que los archivos estarán disponibles para su consulta pública a través de la web de La Moncloa, sin esperar a la tramitación definitiva de la nueva Ley de Información Clasificada.
La decisión supone un giro relevante, ya que el Ejecutivo aplica ya el criterio de los 45 años como umbral suficiente para hacer públicos los documentos, pese a que la futura norma —destinada a sustituir la legislación vigente desde 1968— aún no ha culminado su recorrido parlamentario. Hasta ahora, la dispersión de fondos y la ausencia de un sistema automático de desclasificación habían permitido que parte del material permaneciera bajo reserva.
Entre los documentos que previsiblemente verán la luz figuran las grabaciones de la radio táctica de la Guardia Civil durante el asalto al Congreso encabezado por el teniente coronel Antonio Tejero, así como los informes de inteligencia redactados en las horas posteriores al golpe. También se incluyen las notas de despacho de la Casa Real, el sumario completo instruido por el Tribunal Supremo —89 legajos con grabaciones y transcripciones telefónicas— y archivos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), entonces Cesid, entre ellos el denominado “Informe Jáudenes”.
Las grandes incógnitas del Golpe de Estado
La apertura de estos fondos podría contribuir a esclarecer algunas de las grandes incógnitas históricas que aún rodean al 23-F. Una de ellas es el papel desempeñado por el rey Juan Carlos I en las horas decisivas previas a su mensaje televisado de madrugada, considerado clave para frenar la intentona. Otra cuestión central es el alcance real de la llamada “Operación Armada”, el plan promovido por el general Alfonso Armada para articular un gobierno de concentración como salida a la crisis.
El anuncio tiene también una dimensión política. El Ejecutivo se adelanta a los plazos previstos y adopta una decisión de fuerte carga simbólica en un contexto parlamentario complejo, marcado por la dificultad para sacar adelante iniciativas legislativas de amplio alcance. Aunque la futura ley prevé excepciones por razones de seguridad nacional y defensa, el Gobierno opta ahora por una desclasificación inmediata, cuyo alcance concreto se detallará tras el Consejo de Ministros.
El 23-F puso en jaque a la joven democracia surgida tras la muerte de Francisco Franco y marcó un punto de inflexión en la consolidación del sistema constitucional. Durante horas, la incertidumbre sobre la posición de los mandos militares y el desenlace de la asonada mantuvo al país en tensión. La apertura de los archivos no garantiza el fin del debate histórico, pero sí abre la puerta a contrastar versiones con documentación completa y a reforzar el conocimiento público sobre uno de los episodios más determinantes de la historia reciente de España.
