El pleno de Les Corts Valencianes ha votado una proposición no de ley del grupo Compromís para instar a Francisco Camps a renunciar como miembro del Consejo Jurídico Consultivo (CJC) así como al resto de prerrogativas que marca la ley del estatuto de expresidentes de la generalitat.
Una propuesta que se produce tras la sesión de ayer del juicio Gürtel en la que el exsecretario general del PP de valencia Ricardo Costa declaró que los expresidentes de la Generalitat Francisco Camps y de Les Corts Juan Cotino encargaron financiar con dinero negro procedente de empresarios las campañas electorales de 2007 y 2008.
El Ayuntamiento de Valencia se suma a la propuesta
El Pleno municipal del Ayuntamiento de Valencia también ha aprobado una moción de urgencia para que Camps deje su cargo en el Consejo Jurídico Consultivo. Además, esta moción pide que se establezcan las medidas oportunas para la recuperación del dinero desviado en casos de corrupción y se insta a Les Corts a generar mecanismos de retirada de la condición de expresidentes “cuando se ponen en riesgo la dignidad y la honorabilidad de las instituciones valencianas”.
“En estos momentos de una gravedad tan extrema por la confirmación y las confesiones de la corrupción del pasado, es imprescindible que el Ayuntamiento de Valencia tome una posición clara en defensa de la legalidad y en contra de la corrupción. Tenemos que dar una respuesta rápida a esa situación”, ha afirmado antes del Pleno el alcalde Joan Ribó, que ha propuesto esta moción de urgencia.
La moción aprobada insta así a Francisco Camps a renunciar tanto a su cargo como miembro del Consejo Jurídico Consultivo, como del resto de atribuciones reguladas en la Ley del Estatuto de Expresidentes, “por haber incurrido en actos y comportamientos que no se corresponden con la necesaria dignidad de la institución”. Esta ley de la Generalitat Valenciana dispone, entre otras cuestiones, la pertenencia al Consejo Jurídico Consultivo por un periodo de 15 años de las personas que hayan ostentado la Presidencia de la Generalitat.
Además, ante la inexistencia de mecanismo alguno “que permita poder retirar la condición honorífica de expresidente a aquellas personas que han incurrido en actas o comportamientos impropios de esta condición”, el Pleno municipal también pide a las Cortes Valencianas mejorar esa ley para regular mecanismos de retirada de esta condición. La moción, cómo ha apuntado el alcalde, coincide con otras mociones parecidas que hoy también se han presentado en los ayuntamientos de Alicante y de Castellón, cuando mañana se cumplen dos años del comienzo de la operación policial conocida como Taula.
El debate se ha producido entre todos los grupos municipales. Así, el grupo municipal de Valècia en Común ha presentado una enmienda de adición a esta moción para instar al Congreso y al Senado a promover una reforma del Código Penal para que los delitos cometidos por los servidores públicos, que atentan contra el patrimonio del Estado y de las Administraciones Públicas causando un grave perjuicio económico, aumenten el período de prescripción del delito y no permitan régimen de inmunidad.
