La jueza del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 3 de Catarroja ha citado a declarar como investigados a la exconsellera de Justicia y Emergencias, Salomé Pradas, y al ex secretario autonómico del mismo departamento, Emilio Argüeso, en el marco de la investigación por la catástrofe causada por la DANA del 29 de octubre en Valencia. La magistrada los investiga por presuntos delitos de homicidio y lesiones por imprudencia tras el fallecimiento de 225 personas y la desaparición de otras tres.
En su auto, la instructora ha decidido rechazar la declaración como investigado o testigo del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, aunque deja abierta la posibilidad de que él mismo solicite comparecer. Asimismo, la jueza ha inadmitido las querellas presentadas contra otros altos cargos, entre ellos el director general de Emergencias y el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, al no hallar indicios de responsabilidad en su actuación.
La magistrada subraya en su resolución que el aviso a la población mediante el sistema EsAlert se emitió de manera «tardía y errónea» a las 20:11 horas del 29 de octubre. Además, recalca que la DANA «no fue un fenómeno meteorológico imprevisto», ya que su avance fue anunciado con antelación por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) e incluso motivó la suspensión de actividades.
No fue la falta de información, sino la «falta de reacción»
Según la instructora, el Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi) debería haberse reunido por la mañana para coordinar una respuesta efectiva, pero no lo hizo hasta las 17:00 horas, con «una gran demora«. La jueza también destaca que la televisión autonómica informó en directo durante toda la jornada sobre la gravedad de la situación, incluyendo conexiones desde Chiva y Utiel, donde se reportaron desbordamientos de ríos y barrancos desde primeras horas de la tarde.
La investigación también incorpora el caso de una mujer con leucemia que falleció en el Hospital La Fe el 12 de noviembre tras quedar sin asistencia respiratoria y transfusiones de sangre durante la crisis. Esta muerte se suma a las diligencias previas, elevando la cifra oficial de víctimas a 225.
La jueza concluye que el problema no fue la falta de información, sino la «falta de reacción» de las autoridades competentes ante los avisos emitidos por diversos organismos, como Aemet, el teléfono de emergencias 112 o la CHJ. La citación de Pradas y Argüeso se realizará en una fecha aún por determinar.
