La Generalitat Valenciana ha sido condenada a pagar una indemnización de más de 54.000 euros a un hombre de 36 años por un caso de mala praxis médica que comenzó con un episodio de priapismo y derivó en secuelas permanentes. Esta decisión, tomada por el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana (CJCV), concluye una batalla legal que se ha extendido a lo largo de casi cuatro años.
El incidente tuvo lugar en 2020, cuando el afectado acudió al centro de salud de Albaida tras experimentar una erección de más de cuatro horas. Tras un diagnóstico inicial de priapismo, el paciente fue remitido al Hospital de Ontinyent, donde, según la resolución, se produjo un retraso significativo en el tratamiento adecuado.
A pesar de acudir repetidamente al hospital, no fue hasta pasadas más de 30 horas desde el inicio de los síntomas que se le derivó a un centro especializado. Durante este tiempo, el hombre desarrolló complicaciones como fiebre y daños permanentes en los cuerpos cavernosos.
Estas secuelas obligaron a realizar una intervención quirúrgica con la colocación de una prótesis peneana, que posteriormente presentó fallos debido a una incorrecta colocación.
Secuelas físicas y emocionales
El informe de la Inspección Sanitaria concluyó que el paciente sufrió daños graves derivados de un enfoque diagnóstico erróneo y la demora en las pruebas necesarias.
Además de una disfunción eréctil permanente, el hombre reportó pérdida de sensibilidad en el brazo derecho y dolor neuropático en la pierna izquierda, problemas que vinculó a errores en la anestesia durante una de las cirugías.
El afectado calificó la compensación propuesta inicialmente por Sanidad, de 54.000 euros, como insuficiente. Aunque reclamaba una indemnización cercana a los 250.000 euros, las autoridades sanitarias solo reconocieron algunas secuelas, como la disfunción eréctil, el dolor físico y las dificultades para mantener relaciones sexuales.
El CJCV respaldó el informe de la Inspección Sanitaria, señalando que la actuación médica presentó fallos graves que impactaron directamente en la salud y calidad de vida del paciente. Finalmente, el organismo determinó una indemnización total de 54.104 euros, repartidos entre el afectado y su esposa, quien también recibió una compensación por daños morales.
